ERP. Luchar contra la corrupción estatal es un imperativo nacional. Existen instancias que son competentes para acoger este tipo de denuncias y canalizarlas hacia la investigación respectiva; en tal sentido, los ciudadanos que conocen o son testigos de hechos de corrupción cometidos por policías, magistrados, autoridades regionales, municipales o cualquier otro funcionario o servidor público pueden denunciarlos ante diversas entidades del Estado que han habilitado líneas telefónicas que atienden a nivel nacional.
Por ejemplo, la Inspectoría General del Ministerio del Interior (Mininter) cuenta con la Línea Anticorrupción 0800-16016, que es gratuita y atiende de lunes a sábado, de 8.00 a.m. a 8.00 p.m. En este número telefónico se reciben denuncias sobre actos de corrupción cometidos por servidores del Ministerio del Interior; efectivos de la Policía Nacional; gobernadores y tenientes gobernadores; funcionarios y personal de Migraciones y de la Sucamec.
Gerson Villar, representante de la Inspectoría General del Mininter señaló a la agencia Andina que este servicio otorga garantías de discreción y confidencialidad para los denunciantes; está a cargo de personal civil especializado en orientación telefónica y cuenta con la asistencia de abogados.
Otro canal de comunicación habilitado para formular denuncias anticorrupción que involucren a policías son los teléfonos 330-5258 y 330-6263, así como los correos electrónicos
Esta unidad especializada de la PNP no solo se aboca a investigar y detener a los efectivos que cometen delitos de corrupción, sino también colabora con el Ministerio Público en la indagación y peritajes que permitan determinar si funcionarios públicos como autoridades regionales y ediles registran desbalance patrimonial como consecuencia de actos ilícitos.
El comandante PNP Jorge Maguiña Porras, refirió que esta Dirección cuenta actualmente con 450 agentes varones y mujeres, muchos de los cuales realiza labores de inteligencia para detectar y detener en flagrancia o acumular pruebas contra los servidores públicos involucrados en actos de corrupción.
Refirió que este personal está distribuido en todos los departamentos del país y tiene una Oficina de Criminalística y una División de Delitos Especiales con personal especializado en peritajes contables con capacidad para detectar casos de lavado de activos y otros delitos vinculados como enriquecimiento ilícito, cohecho o peculado, muy frecuentes en los últimos años.
Otra entidad que despliega un trabajo importante en este tema es la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Para ello ha puesto a disposición la línea telefónica gratuita para denuncias 0-800-17090, que atiende de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 1:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lucha contra la corrupción
Estas entidades participan en el Décimo Encuentro de Derechos, organizado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, que tiene como tema central "Cómplices, ¿A quién le afecta tu corrupción?". Como parte de las actividades programadas hasta este viernes 19 de setiembre en el campus de dicha casa de estudios figura una feria en la que diversas instituciones públicas y privadas del país brindan información a los estudiantes sobre la labor que cumplen en el marco de la cruzada anticorrupción a nivel nacional.
Además de las entidades expositoras, como PNP, Mininter, CAN, Defensoría del Pueblo, entre otras, se desarrollan actividades de sensibilización social, como dramatizaciones de cómo ocurren hechos de corrupción cotidianos como el intento de soborno a policías de tránsito y la manera correcta de actuar frente a ello.
También se apela a juegos lúdicos como el "Tumbacorruptos", que se basa en el "bowling" y coloca a funcionarios públicos anónimos como si fueran pinos a los que hay que derribar lanzándoles una pelota al ras del piso.
Con estas iniciativas, que luego serán replicadas en otras universidades y espacios públicos para tener mayor impacto en la ciudadanía, se busca que las personas reflexionen no solo sobre la responsabilidad que recae en los funcionarios y servidores públicos, sino también en los ciudadanos que ofrecen prebendas para infringir las normas y evitar alguna sanción.
