ERP. El Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), transfirió 172 millones 667 mil 544 soles a 18 regiones del país, a fin de continuar con la ejecución de 49 proyectos de inversión pública en obras educativas durante este año.
Los recursos han sido transferidos a las autoridades subnacionales de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno y Ucayali.
Con ello se garantiza el financiamiento para que los gobernadores regionales y alcaldes puedan seguir con los trabajos de instalación, mejoramiento y ampliación de la infraestructura de un total de 49 proyectos de obras educativas.
Así, los gobiernos regionales de Cajamarca, Cusco, Junín y Ucayali recibieron 36 millones 509 mil 838 soles para 10 proyectos de inversión pública en infraestructura educativa, sobre todo aquellos colegios ubicados en zonas rurales.
A un grupo de municipios se entregaron 136 millones 157 mil 706 soles para 39 proyectos de obras educativas en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco y Puno.
La transferencia de S/ 172 millones ha sido autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el decreto supremo 073-2016-EF, emitido el pasado 2 de abril.
Seguimiento
A fin de asegurar la óptima gestión de los recursos transferidos, el PRONIED hace el acompañamiento técnico, monitoreo y seguimiento de la ejecución de esta inversión a cargo de los gobiernos subnacionales.
Asimismo, los gobiernos regionales y locales deben informar al PRONIED sobre los avances físicos y financieros de la ejecución de los proyectos de infraestructura. Estos avances serán contrastados en obra por los profesionales del PRONIED.
Cabe anotar que el PRONIED podrá intervenir y solicitar al gobierno regional o local que atienda de inmediato cualquier problema de retraso o paralización de la obra.
En caso no se resuelva el problema, el PRONIED podrá comunicar al Órgano de Control Institucional (OCI) del municipio o gobierno regional, así como a la Contraloría General de la República para que tomen las acciones pertinentes, cautelando de este modo el correcto uso de los recursos públicos.
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