ERP. Luego de seis meses de investigación reservada en que se corroboraron los datos de un colaborador eficaz, el Ministerio Público consiguió que se autorice el allanamiento de un total de 12 inmuebles ubicados en diversos distritos de Lima, lo que permitió recoger información relacionada al presunto pago de coimas de la empresa Odebrecht, relacionada a la construcción de la Vía de Evitamiento de Cusco.
La diligencia se ejecutó el último martes, a cargo del Equipo Especial del Ministerio Público que dirige el fiscal supraprovincial, Hamilton Castro Trigoso, junto a más de 14 fiscales quienes se dirigieron en simultáneo a los inmuebles ubicados en el Callao, Cercado de Lima, San Borja, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel, San Borja y Surco.
La medida fue dispuesta al existir elementos suficientes en la investigación que se sigue por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, que involucran al exministro Mariano González Fernández, junto a los empresarios Carlos José y Samuel Carlos Campusano Dulanto, Héctor Gutiérrez Quispe; y Pedro Cobeñas Aquino.
De acuerdo a la investigación, se habrían generado contratos ficticios para hacer realidad el pago de un total de S/. 644 348.38, que se habría ejecutado en diversos tramos por parte de la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. entre los años 2014 y 2016. Ello, ante los problemas de solvencia económica que presentaba dicho proyecto vial y los intentos de los empresarios por interceder ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Asimismo, según la investigación González Fernández suscribió un contrato de asesoría legal en febrero de 2016 con la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción S.A.C. y el 26 de febrero de 2016 recibe S/. 77,777.77 de Odebrecht. Al día siguiente, el 27 de febrero, el exministro realizó el aporte de S/. 69,000 al partido Peruanos Por el Kambio, conforme se aprecia en el informe de ingresos y gastos de campaña electoral de dicho partido.
Cabe destacar que la importancia de la investigación recae en la reserva que reviste a la misma, lo que ha permitido realizar un paciente trabajo de corroboración del testimonio ofrecido por un colaborador eficaz hasta culminar con el allanamiento de los 12 inmuebles, convirtiéndose así en un éxito más en la lucha del Ministerio Público contra la corrupción.