ERP. Una marcha en contra de la dictadura que instauró a partir del 05 de abril de 1992 y que terminó con la fuga del ex presidente Alberto Fujimori estarán realizando miles de jóvenes en el contexto nacional, como una manera de revivir la memoria la misma que implicó en una primera oportunidad la disolución de la Cámara de Diputados y Senadores, intervención del Poder Judicial y posteriormente, el régimen se vio envuelto en asesinatos de pobladores de Barrios Altos y alumnos de la Universidad La Cantuta.
Los organizadores, si bien es cierto no tienen la autorización de la Municipalidad de Lima, irán hacia La Plaza San Martín, donde se concentrarán y se movilizarán bajo estrictas medidas de seguridad del personal policial. La hija del ex presidente Keiko Fujimori, decidió este martes suspender sus actividades de propaganda, según ella para evitar mayores provocaciones.
En tanto, hasta el mismo presidente de la República en una intromisión indebida, ha respaldado esta manifestación, confundiendo el real sentido de lo que es la marcha cívica que organizarán miles de ciudadanos, no solo en Lima, sino en el contexto nacional.
Lo cierto, que esta marcha tiene como finalidad oponerse a la potencial elección de Keiko Fujimori, según las encuestas una de las favoritas para llegar a la presidencia de la República.
En tanto la Defensoría del Pueblo exhortó a la personas que decidan participar en la marcha del 5 de abril, que lo hagan de forma pacífica y eviten todo acto de violencia. Recordó que toda manifestación pública es un derecho ciudadano reconocido por la Constitución y, por tanto, ninguna autoridad puede realizar acciones para evitar, dificultar o condicionar el ejercicio de este derecho.
Por ello, invocó a las personas que participen de la movilización, para que lo hagan de forma pacífica e instó a los organizadores a prevenir la presencia de grupos violentistas infiltrados. Para la Defensoría del Pueblo, es "inaceptable" todo acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de la ciudadanía o del personal policial, así como la afectación de la propiedad pública y privada.
Por otro lado, invocó a las autoridades, organizadores y participantes a tomar todas las medidas correspondientes para evitar la presencia infiltrada de grupos violentistas que "azucen la violencia o que generen escenarios de riesgo". La entidad mencionó, en este contexto, que este tipo de acciones preventivas forman parte de los acuerdos adoptados entre las autoridades y los organizadores, con presencia de la Defensoría del Pueblo.
Para finalizar, la institución formuló un llamado a las autoridades y la Policía Nacional del Perú, con el fin de que presten las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad y, de ser el caso, el restablecimiento del orden interno ante actos de violencia y daños a terceros.
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