Por su labor en la lucha contra la corrupción
Lima. El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, expresó ayer su respaldo a la Procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, por su labor en la lucha contra la corrupción y manifestó su preocupación frente a la directiva de la secretaría técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, que señala la necesidad de solicitar autorización para informar a la prensa sobre el trabajo que desarrollan.
“Quienes enfrentan a la corrupción y al crimen organizado deben recibir el total respaldo del Estado. Debemos tener en cuenta que están enfrentando a sectores que afectan el normal desarrollo de nuestro país y la confianza en las autoridades”, subrayó el representante de la Defensoría del Pueblo.
Mediante un oficio enviado al Ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, recordó que las obligaciones legales de los procuradores públicos se encuentran contenidas en el Decreto Legislativo N° 1068, del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. “Esta norma no prevé la obligación de solicitar la referida autorización y únicamente establece a los procuradores el deber de reserva de la información a su cargo, cuando está relacionada con asuntos de naturaleza confidencial”, explicó.
No obstante, el funcionario indicó que en el literal 1.C del artículo 58°del Reglamento del citado decreto legislativo se establece como supuesto de inconducta funcional por incumplimiento de obligaciones, el «realizar declaraciones a los medios de comunicación sin autorización del Consejo».
En razón de ello, remarcó que en su condición de personas al servicio del Estado, la actuación de los procuradores públicos debe guiarse por los principios de transparencia y de máxima divulgación, lo que implica que su actuación sea conocida por la ciudadanía y esté sujeta al escrutinio público.
Vega insistió en que una lucha efectiva contra la corrupción y el crimen organizado requiere de un sistema de defensa jurídica estatal que garantice la autonomía y la credibilidad de los procuradores públicos y que, a la vez, fortalezca los mecanismos de transparencia para que la ciudadanía pueda ejercer un adecuado control del cumplimiento de las funciones de la Administración Pública.
