ERP. Existen coincidencias entre el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales; pues ambos entes vienen solicitando a través de sus representantes una reforma de la ley electoral, que permita fortalecer los partidos políticos y por ende la democracia peruana. El Congreso en su composición actual, sigue sin escuchar.
El jefe de la Oficia Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, reiteró el pedido al Congreso de la República para que se apruebe la reforma de la Ley de Partidos Políticos, a fin de fortalecer la confianza ciudadana en las agrupaciones políticas.
“Está pendiente la reforma de la Ley de Partidos Políticos, el sistema electoral lo presentó en diciembre de 2013, consideramos que habiendo ya pasado 10 años de vigencia de la Ley de Partidos Políticos, es necesario un cambio, porque existen ciertas debilidades y vacíos que no contribuyen a la generación de confianza de la persona”, declaró a la Agencia Andina.
Refirió que una propuesta fundamental en la reforma de la referida ley es la “obligación de declarar la hoja de vida” todos los problemas que hayan tenido el candidato con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
También para que los candidatos consignen sus ingresos y bienes que poseen, a fin de mejorar la calidad de los representantes elegidos por votación popular y la democracia interna que debe primar en todos los partidos. “Eso va a generar mayor democracia al interior de los partidos políticos y en el Congreso de la República” subrayó.
Asimismo, señaló que han enviado al Congreso, en la reforma de la Ley de Partidos Políticos, “un cuadro de sanciones” para aquellos partidos políticos que no entreguen información financiera en forma adecuada.
Plantean el incremento de las Unidades Impositivas Tributarias (UITs) por algunos conceptos en caso el partido político incumpla con rendir cuentas, hasta la probable suspensión del partido político.
De otro lado, consideró un avance muy importe la aprobación de reformas electorales por parte del Congreso de la República como la no reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes, mayores exigencias en los procesos de revocatoria, entre otros.
