Invoca al Poder Legislativo a proseguir con la aprobación de otras reformas para fortalecer el sistema democrático
Lima. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho Espinoza, consideró como un primer buen paso que el Congreso haya aprobado la reforma que elimina los incentivos perversos de la revocatoria e instó a aprobar otras modificaciones sustantivas planteadas en la agenda mínima de la reforma electoral.
Destacó que en los cambios a la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano (Ley N°26300), se haya suprimido la convocatoria a nuevas elecciones municipales, en caso prospere la revocatoria, ya que ese era el principal objetivo de los promotores de esa consulta popular.
Resaltó que con la norma aprobada en la víspera por el Congreso, las autoridades revocadas serán reemplazadas por sus segundos inmediatos o por el accesitario. Además, estimó positivo que se establezca que solicitud de revocatoria se presente debidamente fundamentada ante la ONPE, para su evaluación, y que esa consulta proceda ahora una sola vez durante el mandato de las autoridades regionales y municipales, y que la consulta se realice en el tercer año del mandato para todas las autoridades. “De esa manera se impide que la revocatoria sea utilizada como una herramienta de venganza política y más bien se constituya en un derecho de control ciudadano”, anotó.
Cucho Espinoza señaló que es acertado establecer en esta reforma la obligación de transparentar los gastos de campaña de la revocatoria y que no exista más oscuridad sobre de dónde proceden esos recursos.
“En adelante tanto los que promueven la revocatoria como las propias autoridades sometidas a esa consulta tendrán que rendir cuenta a la ONPE de los recursos que utilicen durante sus respectivas campañas”, manifestó.
De acuerdo a datos del organismo electoral un total de 1,124 alcaldes han sido sometidos a consulta popular de revocatoria, entre 1997 y 2013, de los cuales 303 fueron revocados, es decir, un 27%. En el caso de regidores de 4,180 un total de 1,436 fueron removidos de sus cargos.
Reelección Sobre la no reelección de autoridades regionales y municipales, el Jefe de la ONPE recordó que en las últimas elecciones regionales y municipales solo fueron reelectos cuatro de los nueve que intentaron hacerlo. Asimismo, fueron reelectos 21 de 102 alcaldes provinciales que buscaron la reelección. A nivel distrital, fueron reelectos 278 de un total de 993 que intentaron proseguir el mandato.
Nueva escala de sanciones
El titular de la ONPE mostró su confianza en que ahora el Poder Legislativo debata una nueva escala de sanciones efectivas a los partidos políticos por faltas en la rendición de cuentas; el financiamiento público directo para fortalecer a los partidos políticos; y la información judicial, de ingresos, bienes y rentas en las hojas de vida de los candidatos.
Asimismo, el fortalecimiento de los mecanismos de democracia interna de los partidos, con la eliminación del voto preferencial y participación de los organismos del Sistema Electoral, entre otros. “Estas son las principales propuestas de la reforma a la Ley de Partidos Políticos presentada por los organismos del Sistema Electoral en el año 2013 que confiamos sean tomadas en cuenta por los congresistas, con lo cual se permitirá un cambio de paradigma en la manera de hacer política en nuestro país”, expresó.
Cucho Espinoza también recordó que las propuestas mencionadas forman parte de la agenda mínima de ocho puntos que fue presentada la semana pasada por los organismos del Sistema Electoral, con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil. Insistió en que este es un momento crucial para la vida democrática de nuestro país. “Estas reformas son necesarias para dar más credibilidad al sistema político y consolidar progresivamente a nuestra joven democracia frente a las elecciones generales del próximo año”, subrayó.
El jefe de la ONPE recordó que las reformas en debate son necesarias porque el actual escenario político y electoral es preocupante, debido a que hay alta desconfianza de la ciudadanía frente al sistema político, debilidad de las organizaciones políticas y el riesgo de infiltración de la ilegalidad en la política.
