Lima. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (JNE) pidieron al Congreso aprobar la reforma electoral para otorgar los mecanismos legales que permitan sancionar a los partidos y organizaciones políticas que cometan irregularidades u oculten información sobre los aportes económicos que reciben.
Al concluir el foro “Hacia la reforma electoral”, impulsado por la Comisión de Constitución del Parlamento, el jefe de la ONPE, Mariano Cucho, explicó que la actual legislación sobre financiamiento partidario no permite actualmente sancionar a aquellos partidos que no sean transparentes al informar sus fuentes de financiamiento ni los montos que reciben.
Según la ley, recordó, dichos aportes deben ser entregados a los partidos políticos por medio del sistema financiero.
“Eso no se hace, pero en la Ley de Partidos Políticos no existe una sanción efectiva, por tanto no se puede sancionar (a los partidos políticos)”, subrayó en declaraciones a la prensa.
En ese marco, la autoridad recordó que la reforma electoral, elaborada junto al JNE y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), propone hacer cambios en la ley para sancionar a las agrupaciones políticas que oculten información.
“Por eso, recomiendo al Congreso de la República tomar nota sobre esta necesidad; urge un cambio de paradigma, y debe aprobarse una modificación a la Ley de Partidos Políticos”, comentó.
A su turno, el titular del JNE, Francisco Távara, explicó que el actual marco normativo es deficiente en lo relacionado al control del financiamiento privado de los partidos políticos.
Según dijo, este no permite investigar ni sancionar debidamente a las organizaciones que incurran en irregularidades.
“Por eso en la propuesta de nueva Ley de Partidos Políticos hemos regulado de manera más eficiente y eficaz el financiamiento público directo, estableciendo que todo debe ser bancarizado”, comentó.
Añadió también que cada partido político debe tener libros contables abiertos y legalizados a fin de tener un registro oficial y conocer quién aporta y de dónde provienen los recursos económicos.
“Hay un catálogo de infracciones y sanciones no solo económicas, sino también políticas que van desde la suspensión de la organización política, hasta la cancelación de su inscripción”, comentó.
Ambas autoridades electorales expresaron su satisfacción por la decisión del Congreso de programar la discusión de estas propuestas en el pleno del Congreso los primeros días de marzo.
