ERP. Palabras y más palabras, el Consejo de Estado se reunió convocados por Dina Ercilia Boluarte Zegarra, para adoptar acuerdos contra la inseguridad ciudadana, la misma que pese a lo expresado, prácticamente ha desbordado todo control y no existen estrategias firmes para crear un clima de paz, concordia y sobre todo unidad, sobre todo con un gobierno deslegitimado.
En primera hora se innformó respecto a la reunión, donde estuvieron presentes la presidenta de la República, que se encuentra preocupada por la cumbre del Apec; el presidente del Congreeo de la República Eduardo Salhuana que respalda a la mandataria, pese a sus yerros, el presidente del Poder Judicial Jorge Arévalo Vela, cuya posición es a veces dual, el Defensor del Pueblo de servil actuación a favor del "Pacto mafioso"; el Controlador General de la República, Ministros de Estado, y hasta el representante de la Asamblea de Gobiernos Regionales estuvieron presentes.
Conforme lo dijimos en horas tempranas, no existe una voluntad de consenso y acabar con la situación de desgobierno, que posiblemente lleve a la sociedad civil, a organizar un paro los días 13, 14 y 15 de noviembre, lo que ha llevado al Ejecutivo a militarizar Lima, una actuación que difiere con certámenes parecidos que se hicieron en el 2008 y 1016.
Después de la reunión del Consejo de Estado, adoptaron acuerdos para luchar contra la inseguridad ciudadana, pero no se dijo nada en absoluto respecto a la derogatoria de la Ley del Crimen Organizado 32108, que es un pedido expreso de la sociedad civil, como una garantía para que se puede luchar con mejores herramientas en contra de la delincuencia y criminalidad en el país.
Las autoridades de los poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de la Asociación de Municipalidades del Perú al final de la sesión suscribieron la Declaración del Consejo de Estado, en el cual se comprometen a impulsar medidas en los temas de seguridad, justicia, control migratorio y crecimiento económico.
En el tema Justicia y lucha contra el crimen organizado, el Consejo de Estado acordó ratificar la decisión del Estado, de implementar, a través del Poder Judicial, 16 unidades de flagrancia, y continuar con esta política de Estado que ha logrado más de 7000 condenas a la fecha.
La oportunidad fue propicia, para insistir en la protección a favor de personal de las Fuerzas Armadas y Policiales, quienes tal y conforme sucedió en la década de los 90, pretenden sustraerlos del fuero común, para someterlos al fuero militar policial, en caso que cometan delitos. Con esta medida, se estaría regresionando en la gestión judicial de los casos penales y es probable, cometiendo abusos y atropellos en nomrbe de la legalidad.
