ERP. Una jornada parlamentaria, considerada antidemocrática y atentatoria contra la independencia y autonomía de la Junta Nacional de Justicia, se realizó este 7 de marzo, donde los acusados de haber cometido falta grave se defendieron con solvencia, pero para la mayoría congresal decidió aplicar arbitrariamente la medida contra la magistrada Luz Inés Tello de Ñecco y contra Alado Alejandro Vásquez Rios.
En tanto, se votó contra 4 magistrados más contra quienes no se obtuvieron los 67 votos requeridos, en tal sentido, se envío al archivo el proyecto de inhabilitación. De acuerdo a lo observado, el pleno se habría atemorizado por la presión externa y cambiaron su estrategia, centrándose en Inés Tello y Aldo Ríos, donde valientes magistrados, considerados poco pertienentes para aspiraciones futuras. Aún resta votar respecto a la inhabilitación o no del presidente de la Junta Nacional de Justicia.
Previa a la votación, por dos horas, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) brindaron hoy sus descargos ante el Pleno del Congreso, en el marco del debate del informe final que plantea acusarlos por infringir la Constitución e inhabilitarlos para ejercer la función pública por 10 años.
La primera en ejercer su derecho de defensa fue Imelda Julia Tumialán Pinto, expresidenta de la JNJ, quien afirmó que no incurrió en una infracción constitucional y, por el contrario, siempre procedió a interpretar los artículos 155 y 156 literal 3) de la Constitución Política del Perú, respetando la ley.
Dijo que su trabajo se ha hecho en irrestricto respeto a los derechos fundamentales de las personas, actuando con independencia, idoneidad, honestidad y responsabilidad en los cargos que ha desempeñado y la Junta Nacional de Justicia lo ha hecho buscando siempre el interés del país.
Seguidamente, Aldo Alejandro Vásquez Ríos manifestó que el informe final “afecta la independencia de poderes, de la autonomía de sus miembros dado que se pretende sancionar por una interpretación a la norma”.
Agregó que la medida buscaría limitar la función de la JNJ, rebajando el número de votos para su remoción. Consideró que hay un seguimiento desde el Congreso a los miembros de ese organismo a través de mociones y denuncias constitucionales.
Henry José Ávila Herrera, miembro renunciante de la JNJ, rechazó que se le acuse de un supuesto favorecimiento a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por querer promover la inversión privada en el país.
Refirió que tales afirmaciones son falsas, pues no solo afecta a un organismo que viene desarrollando un trabajo correcto, transparente, sino que también mellan su reputación de un ciudadano que quiere servir a su país.
“He preferido enfrentar esta investigación con dignidad y valentía, y discrepo del informe final”, expresó.
A su turno, el actual presidente de la JNJ, Antonio Humberto De La Haza Barrantes, aseveró que existe una clara interferencia al sistema de justicia para que “la JNJ deje de funcionar con el propósito de que los casos de los investigados sean archivados y no avancen”.
Afirmó que los miembros del sistema de justicia han realizado una interpretación sistemática de la ley, de manera razonable, de que el periodo de los miembros de la JNJ es de 5 años, descartando con ello que se haya realizado una interpretación antojadiza.
En tanto, María Zavala Valladares comentó que en el terreno de la interpretación se debe tener en claro que para que se configure una infracción debe existir certeza de que se ha vulnerado un mandato constitucional, lo cual resulta insostenible.
Dijo que obró siempre de buena fe, respetando el debido procedimiento, respetando la ley, jamás respondiendo a criterios políticos, ni ningún interés subalterno. “No he infringido ni tengo conflicto de interés, por ello solicito que no se apruebe la acusación constitucional en mi contra”, aseveró.
Por su parte, Guillermo Thornberry Villarán manifestó que de aprobarse el informe final habrá repercusiones en el desenvolvimiento de las relaciones de poderes, tal es el caso entre el Poder Legislativo y los organismos constitucionalmente autónomos.
La magistrada Luz Inés Tello, quien estuvo acompañada de su abogado Omar Cairo, manifestó que su elección fue unánime cumpliendo lo que manda la Constitución Política del Perú.
“No es cierto que esté obligada a renunciar, que mi permanencia viole la Constitución. No viola norma alguna, es legal y pido un voto reflexivo. Este juicio será recordado porque sentará un precedente sobre el respeto que tiene el Congreso sobre las personas de edad que tenemos derecho a ejercer la función pública. Pido reflexión y respeto a mis derechos”, acotó.
También intervino el abogado Samuel Abad Yupanqui, en defensa de los magistrados de la JNJ y Omar Cairo para el caso específico de Inés Tello de Ñecco, quien fue inhabilitada, una decisión totalmente arbitraria y que se espera sea amparada por el Poder Judicial. En toda lógica, de acuerdo a los analistas, este es un abuso del derecho y que tienen como única pretensión incidir en el nombramiento de los jefes de la ONPE y Reniec y sobre todo en el Sistema Judicial.
Pese a la solidez de la defensa de los propios magistrados y de los abogados defensores Samuel Abad y Omar Cairo, durante el debate congresal, se ratificó que no tienen ninguna contemplación respecto a la interpretación jurídica, para la mayoría congresal simplemente fue falta grave interpretar que el mandato de Inés Tello debería culminar al cumplir 75 años-
