Lima. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó hoy que se elevó a 642 el número de personas identificadas y denunciadas penalmente por su presunta responsabilidad en los delitos contra la voluntad popular, cometidos durante las elecciones regionales y municipales del 5 octubre pasado.
Para impedir que los actos de violencia perpetrados en aquella jornada electoral queden impunes y, sobre todo, no vuelvan a repetirse este domingo, la Procuraduría del organismo electoral interpuso las correspondientes denuncias en 21 regiones del país.
Las denuncias penales fueron presentadas en las fiscalías provinciales de las regiones Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad y Lambayeque. También en Lima, Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
Según el organismo electoral, ese número de ciudadanos denunciados se encuentran encausados en 133 casos registrados tras los comicios del 5 de octubre, de los cuales la mayoría está en etapa de investigación preliminar en sede fiscal y catorce con actuaciones a nivel de comisarías.
Los presuntos delitos contra la voluntad popular corresponden a la modalidad de atentado contra el derecho al sufragio, suplantación de votante, sustracción y destrucción de material electoral y disturbios.
También bajo la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, perturbación al proceso electoral, sustracción y destrucción de cédulas de sufragio y de actas electorales.
El artículo 354 del Código Penal establece pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 10 años para el que, con violencia, perturba o impide que se desarrolle un proceso electoral general, parlamentario, regional o local.
Pero también el artículo 359 establece pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años el que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral falsifica o destruye, de cualquier modo, en todo o en parte actas de escrutinio.
A su vez, el Código Penal (artículo 365) reprime con pena privativa de libertad no mayor de dos años a quien, sin alzamiento público, mediante violencia o amenaza, impide a una autoridad o a un funcionario o servidor público ejercer sus funciones o le obliga a practicar un determinado acto de sus funciones o le estorba en el ejercicio de éstas.
Las denuncias penales iniciadas por la ONPE también tienen como causales delitos no electorales, como resistencia o desobediencia a la autoridad, sedición, motín y conspiración, así como delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.
Igualmente, delitos contra la fe pública, contra el patrimonio, la paz pública y la libertad personal, cometidos todos en el marco de las elecciones del 5 de octubre.
