ERP. Durante su participación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para presentar su Informe de Gestión 2017-2021 y ante la consulta de legisladores sobre el anuncio de creación de un organismo paralelo para supervisar el gasto público en los distintos niveles de gobierno, el contralor general, Nelson Shack, afirmó que el Poder Ejecutivo no puede ser juez y parte en la supervisión del gasto público, y también precisó que el control concurrente que aplica la Contraloría a las obras y servicios públicos sí funciona y ha demostrado un significativo ahorro al Estado.
“No tiene ningún sentido que el Poder Ejecutivo tenga una Contraloría que dependa de ellos y por eso en todos los países, las Contralorías dependen del Poder Legislativo. Si bien el Poder Ejecutivo ejecuta más recursos en bienes y fondos públicos, no tiene sentido que ellos sean ‘juez y parte’ con esta propuesta de crear un organismo paralelo”, afirmo Shack Yalta ante la Comisión de Fiscalización del Congreso donde expuso el Informe de Gestión institucional del período 2017-2021.
Asimismo, el Contralor aseguró que no hay duda que la modalidad de control concurrente, impulsado en su gestión, permitió alcanzar un beneficio potencial al Estado, el cual está estimado en más de S/ 406 millones entre los años el 2017 y el 2020.
“No pueden decir que el control concurrente no funciona porque hay corrupción. En el caso de las tabletas adquiridas para apoyar a estudiantes en situación de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, se hubiera producido corrupción si no fuera por la realización del control concurrente, ya que se iba a firmar un contrato por S/ 1000 millones con una empresa que no cumplió los requisitos establecidos para el proceso de selección. Resultado de ello, el Ministerio de Educación ahorró como S/ 400 millones precisamente por la intervención del control concurrente, que emitió oportunamente las alertas y ante ello y como respuesta, la entidad detuvo esa contratación”, precisó.
Otro ejemplo que dio fue el proceso de la Reconstrucción con Cambios, donde afirmó que por cada sol que la Contraloría invirtió en control concurrente, el Estado logró un ahorro de S/ 6. En ese sentido, mencionó que los buenos resultados del control concurrente han originado que países de América Latina, como Colombia y México, estén adoptando este modelo peruano para fortalecer su control gubernamental.
Por ello, el Contralor General expresó su confianza de que el Congreso apruebe el proyecto de ley que presentó la institución para expandir dicha modalidad de control gubernamental a obras y servicios cuyos montos convocados superen los S/ 10 millones.
Durante su disertación, el Contralor General afirmó que para enfrentar la corrupción es necesario hacer todo el esfuerzo para que funcione el ecosistema de control, integrado por la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional. “Si el Estado peruano no opera como uno solo, va a ser difícil luchar contra la corrupción”, acotó.
Informe de Gestión
Asimismo, puso énfasis en los avances logrados en la reforma del Sistema Nacional de Control en materia de prevención con medidas tales como la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), las plataformas de Transparencia de Gestión y Rendición de Cuentas y el impulso a iniciativas vinculadas con la participación ciudadana en el control gubernamental, convirtiendo a la población en un apoyo importante para la labor de la Contraloría.
En materia de detección, la Contraloría puso énfasis en la interoperabilidad de base de datos, el Sistema de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas; el Sistema de Declaraciones Juradas de Conflictos de Intereses, el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), así como la transparencia y rendición de cuentas como eje transversal.
Mientras que en materia de investigación figura el proceso de incorporación de los Órganos de Control Institucional (OCI), la producción de los servicios de control en el período desde el 2017, y los esfuerzo desplegados para ampliar la cobertura del control gubernamental.
En materia de producción de control, el titular de la Contraloría informó que la producción de los servicios de control se ha ido incrementando año a año, y pasó de 15 794 en 2017 a 25 509 en el 2020. En tanto, hasta agosto de 2021, se han concluido 15 899, es decir, 63.97% de lo programado para este año (24 853). Como resultado del control simultáneo, la Contraloría emitió más de 147 000 situaciones adversas entre el 2018 y agosto de 2021.
Shack Yalta enfatizó que en materia de sanción se ha logrado recuperar la facultad sancionadora con el apoyo del Congreso de la República, y se ha elaborado un estudio que estima la incidencia del costo de la corrupción e inconducta funcional en el Perú durante el 2020, el cual ascendió a S/ 22,000 millones.
Iniciativas legislativas
El Contralor General mencionó que la institución promoverá la aprobación de iniciativas legislativas que fueron presentadas oportunamente por la Contraloría para fortalecer la gestión pública y el control gubernamental, tales como la ley que fortalece el control gubernamental en los proyectos de inversión ejecutados bajo la modalidad de Obras por Impuestos; el que modifica el marco legal en el que se desarrolla los contratos o convenios de Estado a Estado para mejorar su rendición de cuentas y transparencia; así como la iniciativa que plantea crear el registro para el control de contratos de consultorías en el Estado, entre otras.
