ERP. Diversos actos de violencia se presentaron en todo el país, después de las elecciones del 05 de abril; apagones, destrucción en las instituciones educativas; quema de actas y protestas con frases de fraude, fueron una constante que puso en riesgo la fiesta democrática regional y municipal en varios distritos, provincias y algunas regiones.
La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está coordinando los mecanismos de defensa jurídica del Estado para que sean castigados los responsables de los 134 hechos de violencia o incidentes graves que promovieron contra las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre.
Para que estos hechos no queden impunes, la Procuraduría del JNE ha pedido a los fiscales decanos de Lima Norte, Lima Sur, Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín, Ucayali e Ica copias de las denuncias formuladas por los desmanes registrados en tales jurisdicciones.
Asu vez, los presidentes de los Jurados Electorales Especiales en donde se ocurrierontales hechos de violencia remitirán copia de las denuncias que hayan interpuesto para que la Procuraduría del JNE se apersone ante las fiscalías a fin de ejercer la defensa jurídica del Estado.
De igual forma, se ha demandado a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Yauyos que inicie una exhaustiva investigación de los hechos de violencia que se suscitaron en dicha provincia del sur de Lima, después de haberse publicado los resultados de las elecciones, ya que se atentó contra la integridad física de diversos ciudadanos y contra la propiedad pública y privada.
En Piura
En la región Piura, el hecho más censurable se cometió en Cristo Nos Valga, distrito de la provincia de Sechura, donde se destruyó las actas electorales y que viene obligando a usar mecanismos alternos para recuperar el real sentido de la votación del 05 de abril. Los autores de la destrucción estarían identificados y es probable que se impulse procesos en contra de ellos.
