ERP. La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional, mantiene una labor continua de supervisión sobre las actividades estatales dirigidas a combatir la trata de personas. Por ello, a partir de las supervisiones realizadas, considera necesario que todas las acciones dirigidas a tal fin, se incorporen necesariamente los enfoques de género, de derechos humanos, interculturalidad y, especialmente de niñez, por ser las niñas y adolescentes las principales víctimas de este delito.
El trabajo institucional en materia de trata se realiza a través de nuestras 38 oficinas a nivel nacional y las adjuntías de Niñez y Adolescencia, Mujer y Derechos Humanos. Comprende diversos ámbitos de acción como la prevención, la persecución del delito y la atención de víctimas. Cabe resaltar, que la Defensoría del Pueblo participa como miembro observador en la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y en las comisiones regionales en todo el país, a fin de fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones claves y afrontar esta problemática en nuestras regiones.
Como parte de la labor institucional, durante el mes de junio, en colaboración con la organización Capital Humano y Social Alternativo (CHS), se presentó el Informe de Adjuntía: “Abordaje judicial de la Trata de Personas” en el cual señalamos con preocupación la falta de aplicación de los enfoques de género y de derechos humanos en numerosas resoluciones y sentencias que abordan este ilícito. Del mismo modo, participamos en la elaboración del “VII informe Alternativo: Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2018-2019” realizado por la antes mencionada ONG.
Cabe resaltar que hoy, 23 de septiembre, la institución realiza la presentación pública del Informe Defensorial Regional: “Trata De Personas y Responsabilidades Estatales en la Región de Piura”, documento elaborado en colaboración con la Unión Europea, el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP) y la Central Peruana de Servicios (CEPESER). Este documento da cuenta de la forma en que el gobierno regional y los municipios, en el marco de sus funciones, afrontan la trata de personas.
La Defensoría del Pueblo considera necesario redoblar el trabajo que se viene realizando contra esta problemática, dado que los efectos de la pandemia favorecen la actividad de las redes criminales dedicadas a este delito. Estas organizaciones, aprovechando el significativo incremento de personas en situación de vulnerabilidad -debido a la pérdida de empleos y los bajos ingresos económicos- vienen captando un mayor número de víctimas.
La lucha contra la trata es un compromiso que abarca a la sociedad en su conjunto, por ello recordamos que existen diversos canales de atención y denuncia como: la Línea 1818 opción 1, del Ministerio del Interior; la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y los canales de atención de la Defensoría del Pueblo.
Pueden encontrar el Informe de Adjuntía: “Abordaje judicial de la Trata de Personas” en siguiente link
