ERP. La Contraloría General de la República continúa llevando a cabo acciones de fiscalización y control para garantizar el correcto y eficiente uso de los recursos públicos, afirmó el contralor general, Nelson Shack, quien consideró preocupante que el país mantenga obras inconclusas y paralizadas en diversas regiones del país, lo que refleja la desidia del Estado en concretarlas y en permitir que los ciudadanos puedan beneficiarse de ellas.
A propósito de la actual situación política que atraviesa el país, Shack Yalta señaló que no le corresponde a él, ni mucho menos a la Contraloría, pronunciarse sobre la actual coyuntura política. “La posición de la Contraloría General de la República es que esta situación debe solucionarse pronto, siempre tomando como herramienta fundamental el diálogo, en el marco del irrestricto respeto al estado de derecho”. En tal sentido, agregó que son los poderes del Estado, los órganos autónomos y las organizaciones políticas, quienes están obligados a trabajar en una agenda país a corto plazo, que permita superar las actuales circunstancias y reencaminar a la nación en una senda de crecimiento y desarrollo.
En ese sentido, resaltó la importancia del rol que cumplirá la Contraloría General durante los próximos meses en los que no habrá control político a los ministerios, que no dejarán de ejecutar obras. El Contralor General indicó que “avanzar con la reconstrucción con cambios, en la ampliación del control concurrente y en la reactivación de las obras paralizadas, sobre todo en las regiones, debe ser prioritario porque beneficiará a miles de peruanos”.
“En el país, y en especial en las provincias más alejadas, no se puede seguir justificando que existan obras con una inversión mayor a los S/ 16 mil millones, y que permanezcan como elefantes blancos que no tuvieron éxito y no cumplieron con el fin público para los cuales fueron aprobados”, agregó Shack Yalta.
Recordó también que la Contraloría General presentó al Legislativo un proyecto de ley que planteaba crear un régimen excepcional que permitiera a las entidades públicas tomar el control de las obras paralizadas para reactivarlas, concluirlas y ponerlas en operación al servicio de los ciudadanos. La iniciativa buscaba que dicho régimen fuese aplicable a las obras paralizadas por un período mayor a los seis meses y que tengan un avance significativo igual o mayor al 80%.
El régimen planteado por la Contraloría es preferentemente para los proyectos de inversión u obras que tengan por objeto satisfacer servicios públicos en materia de salud, saneamiento, riego, agricultura, educación, transportes y prevención de desastres.
Según un estudio elaborado por la Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos de la Contraloría, de la información proporcionada por las unidades orgánicas de la Entidad Fiscalizadora y Órganos de Control Institucional, las entidades del Gobierno Nacional y Regional, al 31 de julio de 2018, tenían 867 obras paralizadas. Si a ello, le agregamos los gobiernos locales, la cifra estaría alrededor de 6 mil obras paralizadas a lo largo y ancho de la República.
La causa más frecuente de paralización corresponde a las “deficiencias técnicas/incumplimiento contractual” que se registran en 39% del número de obras paralizadas, seguido de obras “en arbitraje” con 28% y obras con “limitaciones presupuestales” que representan el 15%.
Ampliación del control concurrente
En el mismo sentido, el Contralor lamentó que con la situación que vive el país se siga aplazando la expansión del modelo de control concurrente a todas las obras del país, cualquiera sea la modalidad de contratación porque ello debilita el esfuerzo del fortalecimiento del control en las regiones del país.
