ERP. El adulto mayor es un grupo etareo que merece protección por parte del Estado y en consecuencia de ello, el Ministerio de Inclusión Social y Poblaciones Vulnerables estará definiendo políticas a favor de ellos. Lo vigente en estos momentos, ha sido insuficientes para otorgar a quienes han llegado a esta etapa de la vida, el bienestar que requieren como responsabilidad de la sociedad y del Estado.
El proceso de envejecimiento en el país aumenta aceleradamente. Si en los años 50, la estructura de la población peruana estaba compuesta básicamente por menores de edad, es decir, de cada 100 personas 42 eran menores de 15 años; en el año 2018 se determinó que ahora son solo 27 de cada 100. Esto significa –según datos del INEI– que la proporción de la población adulta mayor ha aumentado de 5.7% en 1950 a 10.4% en el año pasado.
Por lo tanto, actualmente los adultos mayores son un sector muy importante que merece toda la atención, y el Estado así lo ha entendido, por lo que desde hace unos años se ejecutan y elaboran políticas que no solo apuntan a protegerlos, sino también a revalorar su importante papel para el desarrollo del país.
La directora general de la Familia y la Comunidad, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Teresa Hernández, explica que las políticas públicas aprobadas en el 2011 y el Plan Nacional para los Adultos Mayores dentro de poco serán sustituidos por la nueva Política Nacional de las Personas Adultas Mayores que el Mimp está desarrollando.
Adultos mayores y políticas de Estado | Fotografía referencial
Afirmó que las políticas que se diseñarán están en el marco de la Ley de la Persona Adulto Mayor, promulgada en el 2016. “Estamos trabajando para identificar el problema central de la población adulta mayor y a partir de allí definir los objetivos centrales que el Estado se planteará para atender todos los derechos de esta población”, señala.
Retos del Estado
Hernández explica que el proceso de envejecimiento en el país es muy rápido, es decir que el número de personas adultas mayores se está incrementando y el Estado tiene como reto crear servicios que estén dirigidos a atender toda su problemática: salud, educación, cuidado, legal, seguridad, entre otros.
El año pasado, el Congreso dictó la Ley de Facilitación Administrativa Preferente que dispone que todos los servicios del Estado tienen un plazo de 10 años para crear canales de atención especiales para personas adultas mayores y con discapacidad.
“Otro de los principales retos es lograr que la sociedad trate a las personas adultas mayores como personas iguales. Que se rompan esquemas y estereotipos de que como ya no trabajan no son valiosas. Debemos reconocer y valorar su experiencia, su aporte, pues muchas ayudan en sus hogares”, manifiesta Hernández.
La funcionaria afirma que la política que el Mimp está preparando definirá las acciones del Estado en su conjunto para afrontar toda la problemática de los adultos mayores. El objetivo es brindarles servicios de calidad y revalorar su importante papel en la sociedad.
Estafados y violentados
Hernández informa que en las políticas nacionales del adulto mayor también se tendrán en cuenta tres temas importantes. El primero, identificar, frenar y prevenir las situaciones de estafa, abuso y robo contra los adultos mayores. “Se han identificado algunas bandas criminales dedicadas a estafarlos. Esto es un problema que está creciendo con mayor fuerza y que se necesita frenarlo”.
El segundo, la violencia en casa. Hernández refiere que estudios han revelado que los adultos mayores son maltratados por sus hijos. Tercero, lo preventivo, Hernández refiere que se buscará la manera de concientizar a los jóvenes a pensar en su futuro como adultos mayores, de esta manera incentivarlos a ahorrar y trabajar en la formalidad para obtener una pensión de jubilación. Asimismo, fomentar la prevención de enfermedades crónicas. como la diabetes, la hipertensión y otros males que lo aquejan al llegar a la tercera edad.
Maltrato
*El 61% de los causantes de hechos de violencia contra los adultos mayores son sus hijos, según cifras registradas por el Módulo de Vigilancia de Casos de Riesgo de Violencia Contra el Adulto Mayor, aplicado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) por medio del programa Pensión 65.
*La medición se desarrolló en un período de 15 meses, de junio del 2018 a agosto del 2019, en todas las regiones.
*El 42% de las denuncias fueron por negligencia o abandono, el 24% por violencia psicológica, el 14% por violencia física.
