ERP. La situación de la corrupción en el aparato estatal peruanao, llegó hasta las mismas oficinas del Poder Ejecutivo y se demuestra con el pedido de extradición que se plantea una vez más, contra el expresidente Alejandro Toledo. Justamente, el coordinador del equipo especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato, Rafael Vela, formalizó acusación en contra del exmandatario por el delito de lavado de activos en el marco del caso Ecoteva.
Para el exmandatario, el fiscal solicitó una pena de 16 años de prisión y ocho meses al hallarlo responsable del delito de lavado de activos, en su modalidad agravada. El presidente quien se encuentra en Estados Unidos, ve comprometida igualmente a su esposa y exprimera dama, Eliane Karp para quien la fiscalía pidió la misma pena.
La medida que reitera lo que ya se conoce en el país, también imputa Eva Fernenbug, madre de Karp, así como al exjefe de seguridad de Toledo, Avraham Dan On; y a su hijo Shai Dan On, así como David Esquenazi, exrepresentante legal de Fernenbug.
Para el caso de Fernenbug, se solicitó 10 años de pena privativa de libertad; para Avraham Dan On, 16 años y 8 meses; Shai Dan On, 13 años y 4 meses; y Abraham Eskenazi, 13 años y 4 meses. El Ministerio Público solicitó el pago de reparación civil total de S/ 38 millones 220 mil a favor del Estado.
Según se informó, la acusación tiene como base la información proporcionada por el empresario Josef Maiman, exíntimo amigo de Toledo, quien declaró en Israel el pasado mes de marzo ante los fiscales del caso Lava Jato, en el marco de la colaboración eficaz a la cual se acogió.
Como se recuerda, en el marco de la colaboración eficaz, Maiman confirmó que fue él quien recibió, a través de sus empresas, el dinero con el cual Odebrecht sobornó a Toledo para ganar la concesión de la carretera Interoceánica. Asimismo, Maiman entregó a la fiscalía detalles de cómo hizo llegar el dinero al expresidente Toledo Manrique.
Con esos fondos ilícitos, cuyo monto superó los US$ 21 millones, Toledo adquirió inmuebles en Lima y pagó la hipoteca de su casa en La Molina y en el balneario de Punta Sal. El expresidente, quien permanece prófugo de la justicia peruana en Estados Unidos, afronta ya una orden de prisión preventiva por haber recibido coimas de la empresa Odebrecht, así como un pedido de extradición por este caso.
Como se sabe, los casos judiciales por corrupción comprenden desde el gobierno de Alejandro Toledo, pasando por Alan García Pérez, Ollanta Humala Tasso y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Tras las diversas evidencias, García Pérez decidió quitarse la vida, en tanto los otros se mantienen con impedimento de salida del país.
Para el caso de Eva Fernenbug, se solicitó 10 años de pena privativa de libertad; Avraham Dan On, 16 años y 8 meses; Shai Dan On, 13 años y 4 meses; y David Abraham Eskenazi, 13 años y 4 meses. Y el pago de reparación civil total de 38 millones 220 mil soles a favor del Estado.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 18 de junio de 2019
Por otro lado, la corrupción estatal tuvo aliados en altas autoridades del Ministerio Público y sobre todo de la organización Fuerza Popular que tiene mayoría en el Congreso, quienes son proclives a blindar y/o proteger a personas acusados de ilícitos, como es el caso del exfiscal Pedro Chávarry.