ERP. Durante su participación en CADE 2018, el Contralor General de la República, Nelson Shack Yalta, propuso la expansión del nuevo modelo de control concurrente que actualmente se aplica al proceso de Reconstrucción con Cambios, hacia todos las obras mayores a los 100 millones de soles que se ejecutan en el país, porque garantizará que las obras y servicios públicos se hagan bien.
"Estamos replanteando el modelo de control gubernamental para que no solo tenga un enfoque posterior, sino más bien un enfoque preventivo y proactivo, que acompañe al gestor y lo ayude a que las cosas se hagan bien y sin corrupción", señaló durante su intervención.
Informó que para tal fin y hacer efectiva la expansión del nuevo modelo de control concurrente, se ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley con una serie de medidas que considera necesarias para asegurar la efectividad de las intervenciones de la Contraloría General y mejorar la cobertura del control en el país, por lo que espera que se apruebe pronto.
Señaló que la iniciativa legislativa planteada por la Contraloría General es urgente para fortalecer la lucha contra la corrupción y complementa otra importante reforma que se ha emprendido, como es la toma del control de los Órganos de Control Institucional (OCI) de las municipalidades provinciales, entre otras acciones que se iniciaron con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General y el Sistema Nacional de Control.
Explicó que los resultados del nuevo modelo de control concurrente aplicado a las obras y servicios en ejecución para la Reconstrucción con Cambios, desde mediados del 2017, ha demostrado que el acompañamiento y asesoría por hitos de control al ejecutor público, es efectivo para apartar los intentos de corrupción que pudieran intentar coludirse en las intervenciones públicas.
Agregó que el referido modelo de control se aplica mediante el trabajo conjunto de un equipo, conformado por auditores multidisciplinarios, que de manera permanente acompañan a los ejecutores públicos para advertirles lo que están haciendo de forma incorrecta, para que lo puedan solucionar.
Entre los primeros resultados del nuevo enfoque de control, asociado a la Reconstrucción con Cambios, destaca que ha permitido al Estado un ahorro en adicionales de obras, y una efectiva aplicación de penalidades.
Afirmó, del mismo modo, que existen brechas que deben cerrarse para mejorar y garantizar la cobertura del control gubernamental en todo el país, y que pasan por la realización del proceso de transferencia integral de los OCI a la Contraloría, proceso que está ya en marcha.
Fortalecimiento en marcha
De otro lado, Shack Yalta explicó que la Contraloría General ha mostrado un significativo avance en el proceso de cambio integral de la institución, iniciado con énfasis desde marzo de este año tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control, advirtiendo, también, que este proceso durará tres (3) años más.
Un aspecto relevante del fortalecimiento de la Contraloría General ha sido la absorción y control de los Órganos de Control Institucional (OCI).
"El año 2017 informé que en más del 30% de todas las municipalidades provinciales no había control y que en el 70% restante se presentaba un serio conflicto de interés porque más de la mitad de los jefes de los OCI eran puestos y pagados por las propias autoridades que debían controlar. Esta situación hacía difícil que hagan bien su trabajo", anotó.
Manifestó que ese panorama ha cambiado en el marco del fortalecimiento institucional, y que hoy se tiene el control casi total de todos los OCI de las municipalidades provinciales. La Contraloría está ahora presente en 191 de 196 de dichas entidades, conformando grupos con equipos necesarios para garantizar el control especializado y oportuno a las obras y servicios que se ejecutan en estos niveles de gobierno.
Otros aspectos que complementan este esfuerzo de reforma institucional es el impulso al componente de control social a través de las audiencias públicas regionales y provinciales en todo el país, y el programa de Monitores Ciudadanos de Control, además del fortalecimiento de las capacidades y consistencia de los informes de control y del Proceso Administrativo Sancionador (PAS).
También se han sumado el uso de sistemas de comunicación y tecnología, así como la conformación de equipos multidisciplinarios en todo el país, así como la transparencia de los informes de control publicándolos en el portal web institucional, dando acceso a la ciudadanía a los hechos identificados en distintos servicios de control, sean preventivos, simultáneos o posterior.
Asimismo, manifestó que se necesitan mayores herramientas legales para garantizar las capacidades sancionadoras y fortalecer el control gubernamental.
Llamado a empresarios
Durante su intervención en el foro "Empresarios por la integridad", el Contralor General hizo un llamado para que no solo los tres niveles de gobierno, sino también los grupos empresariales nacionales y extranjeros, se involucren en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional.
Adelantó que próximamente se suscribirá un convenio de cooperación interinstitucional con la iniciativa Empresarios por la Integridad, una asociación civil creada para para combatir la corrupción a nivel de las corporaciones, para que se reciban las denuncias actos irregulares o de falta de ética que se presenten en su relación con el sector público.
? Al 29 de noviembre de 2018, la Contraloría identificó 791 hechos que pondrían en riesgo servicios y obras implementadas en el marco de la #ReconstrucciónConCambios en once regiones del país. pic.twitter.com/mpJShvI41N
— Contraloría del Perú (@ContraloriaPeru) 29 de noviembre de 2018
