ERP. Frente al debate sobre la legalidad de las escuchas telefónicas que involucran a la expareja presidencial, el fiscal superior coordinador de las fiscalías especializadas en lavado de activos, Rafael Vela Barba, precisó que las mismas fueron realizadas legalmente y que el mandato judicial no incluía los números telefónicos ni de Ollanta Humala ni de Nadine Heredia.
Las voces de Heredia y Humala son parte de las escuchas porque llamaron o recibieron llamadas de las personas cuyas comunicaciones eran el objetivo de la interceptación. Las autorizaciones judiciales se dieron en dos momentos, primero cuando se requirieron y realizaron (2011) y, posteriormente el fiscal Germán Juárez pidió una reevaluación de dichas escuchas para luego, por intermedio de la Cuarta Fiscalía de Terrorismo y DDHH, solicitar la autorización judicial que permitiera incorporarlas en la carpeta fiscal. La autorización judicial fue concedida el 27 de enero de este año.
Para el fiscal Germán Juárez es relevante la incorporación de las escuchas pues son de interés para su investigación, dado que revelan el funcionamiento y estructura interna del partido nacionalista; asimismo permite conocer quiénes tenían el manejo del dinero que ingresaba al partido y evidencian la molestia de algunos aportantes que reclamaban la no coincidencia entre la cifra aportada con la cifra declarada.
Además, se informó que el expresidente Humala y sus abogados tenían conocimiento de las transcripciones desde hace casi dos meses, así como todas las partes, dado que fueron notificadas al momento de recibir autorización judicial para incorporar dichos audios a la investigación. En ese momento ninguna de las partes cuestionó ni impugnó la incorporación de dicho material.
Con respecto a la presunta compra de testigos que revelan algunos audios, Vela informó que el fiscal Juárez Atoche ha cumplido con cursar el oficio respectivo, adjuntando copias certificadas de las actas de transcripción de los audios pertinentes sobre una presunta compra de testigo, al magistrado de la Cuarta Fiscalía de Terrorismo y Derechos Humanos "para que tome las determinaciones correspondientes ante la evaluación del contenido de este extremo de los audios", señaló.
También se indicó que los audios fueron recibidos en cadena de custodia y debidamente lacrados, cumpliéndose con realizar el deslacrado delante de las partes involucradas durante la diligencia del 26 de abril, sobre la cual no se formularon observaciones por los investigados. Sin embargo, la defensa de Ollanta Humala afirma que los audios han sido difundidos por un medio de comunicación televisivo, pero debe anotarse que lo transmitido por un canal de noticias ha sido una RECREACIÓN. En tal sentido, ningún audio ni acta de transcripción de los audios ha salido de la fiscalía que despacha Germán Juárez.
Finalmente, debe anotarse que el doctor Pablo Sánchez Velarde ha solicitado un informe respecto a las razones por las cuales estos audios en el 2011 no fueron puestos a disposición del Fiscal de la Nación de esa época o si se tuvo información que no se remitió a la fiscalía correspondiente; esto deberá ser evaluado e investigado por la Fiscalía de Control Interno y determinar si evidentemente alguien omitió cumplir con su función.
