ERP. La Asociación de Exportadores (ADEX) rechaza los actos ilícitos de la transnacional Odebrecht, que corrompió funcionarios públicos y políticos con el fin de acceder a contratos de obras públicas. "Afecta la institucionalidad del país y la atracción de inversiones", refirió su presidente, Juan Varilias Velásquez.
Luego de indicar que no responde a las buenas prácticas empresariales y éticas que deben caracterizar a las empresas, consideró importante respaldar la labor de la Fiscalía para que cumpla su labor de investigación y determine las responsabilidades, rápidamente, de tal forma que hechos como ese no se vuelvan una práctica regular.
"ADEX solicita que las autoridades pertinentes aceleren el proceso de investigación y no solo se identifiquen a los involucrados en Odebrecht, sino también en el sector público. En juego también está la institucionalidad y la imagen del país en el exterior", refirió.
Recordó que en el Índice de Competitividad Global del World Economic Forum, dado a conocer en septiembre pasado, el Perú ocupó el puesto 67 de 138 países, dos puestos por encima de su ubicación del 2015do (69 de un total de 140), en tanto que en pilar institucional registró una mejora de 10 puestos respecto al reporte del año pasado. Pasó del puesto 116 en el 2016 al 106 este año.
"ADEX reafirma su vocación de combatir de forma directa la corrupción que afecta no solo a las instituciones públicas, sino a los ciudadanos de a pie, impidiendo la recuperación del país y ahuyentando las inversiones. La lucha contra la corrupción, el destrabe de proyectos y también la inseguridad, son temas que permitirán que los inversionistas vean al Perú como un país que genera confianza", comentó.
Finalmente, invocó a las diversas instancias del gobierno a trabajar para impulsar la transparencia en el Estado (principalmente en el sistema de contrataciones del Estado) y evitar la corrupción en las obras públicas de infraestructura. "Esta lucha debe ser tangible, sancionando judicialmente a los culpables", enfatizó.
El dato
ADEX integra el Consejo Privado Anticorrupción (CPA), integrado por 17 instituciones privadas, que tiene como objetivo liderar los esfuerzos que permitan tener una sociedad con valores, en la que no se tolere la corrupción y prime la transparencia.
