ERP. Serán remitidos al próximo Congreso. El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, anunció hoy la presentación de cuatro proyectos de ley que permitirán al Ministerio Público mejorar la lucha contra las diversas formas delictivas que vienen librando las fiscalías de todo el país, tres de los cuales se refieren a satisfacer las necesidades de orden presupuestal.
Uno de los proyectos se refiere a la asignación anual del 2% del Presupuesto General de la República al Ministerio Público, de modo tal que se pueda dotar del número de fiscales suficientes en todo el país, así como del equipamiento con unidades móviles y el apoyo logístico necesario que les permita desempeñar sus funciones de manera eficiente. El titular del Ministerio Público sostuvo que esa asignación fija permitirá a la institución aumentar en un 75% el presupuesto con que actualmente cuenta, evitando, por ejemplo, el gasto anual de 24 millones de soles en alquiler de inmuebles.
"Contamos solo con el 40% del número de fiscales que realmente necesitamos y ese déficit conduce a que, en casos de operativos, se deba movilizar a fiscales de otros lugares", sostuvo el doctor Sánchez Velarde, quien manifestó que existen casos críticos como San Juan de Lurigancho y Ventanilla, donde se trabaja con un número reducido de fiscales para atender a poblaciones numerosas, lo que se traduce en demoras en las investigaciones y procesos. Asimismo, mencionó que existen fiscalías que tienen a su cargo 800 a 1200 casos, que producen sobrecargas que conllevan a demoras en perjuicio de los ciudadanos.
Como muestra de ello, el magistrado señaló que el presupuesto asignado para este año ya se está agotando, por lo que en las próximas semanas su despacho solicitará un pliego adicional para cubrir las demandas de la institución en la segunda mitad del año.
Otro proyecto de ley pretende que se asigne al Ministerio Público el 50% de los fondos ilícitos recuperados del exterior, que será destinado a la lucha contra la criminalidad organizada, el lavado de activos y la corrupción de funcionarios. Asimismo, se solicitará mayores recursos para fortalecer los programas preventivos que desarrolla actualmente la institución y un proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.
En otro punto de la entrevista ofrecida en radio San Borja, Sánchez Velarde se mostró a favor de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios y de la ley que castiga con la muerte civil a aquellos funcionarios comprometidos en delitos graves contra el Estado. Además, sostuvo que su despacho ha solicitado al Ministerio del Interior que se asigne seguridad al fiscal Martín Salas Zegarra, quien denunció diversas amenazas. Precisó que hay otros casos de fiscales que también han recibido amenazas en temas vinculados a criminalidad organizada, pero su despacho viene tomando medidas al respecto.
Casos emblemáticos
El titular del Ministerio Público se refirió también a las últimas denuncias difundidas por los medios de comunicación. Sobre las presuntas irregularidades en la conformación de empresas por parte de los hijos del expresidente Alberto Fujimori, indicó que el caso se encuentra en etapa indagatoria en la Fiscalía Especializada en delito de Lavado de Activos.
Además, al ser consultado sobre la denuncia hecha pública por el programa Panorama sobre presuntas irregularidades en el uso de los fondos destinados a labores de inteligencia en el VRAEM, informó que el caso se encuentra en dos ángulos de investigación. Uno, referido a probar si se trata de un caso de traición a la patria, a cargo de una fiscalía común; mientras que la denuncia sobre presunta corrupción en las Fuerzas Armadas ha sido asumido por el fiscal Domingo Pérez Gómez.
Informó que las investigaciones ya se iniciaron. "Tengo entendido que un fiscal ya viajó a Ayacucho a realizar diligencias preliminares, pero la Presidencia del Consejo de Ministros debe determinar si los documentos son secretos", precisó el magistrado, quien informó que existen procesos anteriores como el de los denominados "Decretos Secretos de Urgencia", cuyos contenidos se hicieron públicos en la etapa de juicio oral y nadie se opuso.
