ERP. (Por: María Luisa Vásquez Atoche1) EL 25 de noviembre se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y pese a la existencia de la Ley 30364 Ley para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, así como otros avances normativos, cualquier esfuerzo parece escaso, cuando se trata de hacer efectivo el cumplimiento del derecho de la mujer a una vida libre de violencia.
El machismo que genera violencia está enquistado, cual parásito, en la mente de mucha gente que piensa que la mujer es propiedad privada y se puede hacer con ella lo que se desee, cuando “se atreve” a asumir nuevos retos personales y laborales o cuando decide terminar una relación tóxica con su agresor. Otras personas, culpan a las propias mujeres de la violencia que sufren por no obedecer al agresor, por “provocarlo”, por vestir “inapropiadamente”, o por ir a bares o discotecas, como el caso reciente de una mujer víctima de violencia sexual.
Un Estado tolera muchas formas de violencia cuando protege a los agresores, retrasa investigaciones y sanciones o chantajea a sus trabajadores para que se manifiesten a favor del agresor o permite que ataquen por redes sociales a las víctimas o pretende comprar su silencio. ¿Todo esto les suena familiar? Es el vía crucis de la trabajadora del Gobierno Regional Piura que decidió denunciar por acoso sexual y hostigamiento laboral a un todopoderoso funcionario; también es el caso de la menor de 14 años, con un hijo producto de la violación de su profesor, en cuyo caso el director de la institución educativa estatal de su natal Barrios prefirió callar, como lo hacen muchos docentes, para no “afectar” el prestigio de la escuela o no tener que ser citados a procesos judiciales.
También es el caso de una promotora de salud que clama justicia porque, durante los 3 meses de espera de una cita en el Instituto de Medicina Legal, la propia fiscalía estuvo a punto de archivar su caso. O es el caso de una trabajadora de salud hostigada por sus compañeras de trabajo por haber denunciado por violencia sicológica y acoso sexual a su jefe. Y son muchas, pero muchas mujeres que esperan el lento accionar de las instituciones del estado cuyos trabajadores, que deberían estar a su servicio, las revictimizan a cada paso, las cuestionan cuando hacen una denuncia, no les creen, esperan ver un hematoma o una quemadura en el cuerpo de la víctima para actuar, no las atienden, ni las entienden, desconocen procedimientos y terminan por desanimarlas a continuar una denuncia condenándolas a vivir en una situación de vulnerabilidad y exponiéndolas al feminicidio.
'Contra todas las violencias' artículo María Luisa Vásquez
Sanciones drásticas para los agresores y sus protectores, mayor número de juzgados especializados en violencia contra la mujer, más casas – refugio para víctimas de violencia, son algunas de las acciones que el Estado debe emprender. Así también, mayor disponibilidad de sicólogos y sicólogas en las escuelas, mayores oportunidades laborales para las mujeres y mayor disponibilidad de servicios de cuidado de niños y niñas mientras sus madres trabajan, transversalización del enfoque de género en la gestión pública y, sobre todo, educación a niños, niñas y adultos, en el respeto a los derechos de las mujeres, en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en el derecho al desarrollo que todos los seres humanos merecemos.
------------------------------
- Obstetra, activista por los derechos de las mujeres.
