ERP. Con el objetivo de prevenir delitos de peligro común, la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, en coordinación con integrantes del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) y personal de la Municipalidad Provincial, ejecutó un operativo conjunto la noche del domingo 29 de marzo en bares y cantinas de la ciudad.
Durante la intervención, las autoridades llegaron a un local sin nombre que funcionaba como cantina en el asentamiento humano Nueve de Octubre. En el lugar, tres sujetos intentaron impedir la acción cerrando la puerta al notar la presencia de los fiscalizadores; sin embargo, efectivos de la Policía Nacional lograron ingresar por la fuerza, en el marco del estado de emergencia vigente en los distritos de Sullana y Bellavista, que restringe algunos derechos constitucionales.
En el interior del establecimiento se encontró a siete personas consumiendo bebidas alcohólicas, entre ellas tres mujeres peruanas. Asimismo, se hallaron tres habitaciones, una de ellas cerrada, donde se verificó la existencia de camas, maletas, ropa de mujer y artículos de aseo personal. El propietario indicó que pertenecían a las trabajadoras del local.
Las autoridades constataron que el establecimiento no contaba con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), por lo que la Municipalidad impuso una multa equivalente al 40% de una UIT y ordenó su clausura temporal por 30 días.
En una segunda intervención, los fiscales Sara Vidal Coronado y Kevin Antón Siancas se trasladaron al asentamiento humano El Obrero, donde detectaron otro local que expendía bebidas alcohólicas sin licencia de funcionamiento ni documentación requerida. En este caso, se aplicó una sanción del 25% de la UIT y también se dispuso la clausura temporal por 30 días.
Finalmente, el Ministerio Público exhortó a los responsables de ambos establecimientos a subsanar las observaciones, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales por el presunto delito de desobediencia a la autoridad, contemplado en el artículo 368 del Código Penal. Asimismo, se instó a la comuna provincial a continuar con los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes.
