Por: Luis Martín Correa Castillo
La mañana del martes, el conteo de la ONPE arrojaba otros resultados inesperados. Producto de los violentos incidentes fallecieron Samuel Macedo Silva en Mazán, la tumbesina Carmen Sonia Benites Agurto y Kevin López Saldaña natural de Yamango (Morropón); además se habían registrado 40 personas heridas y el número de manifestaciones en todo el país avanzaban a la par de los resultados.
Más allá de un ganador, este proceso electoral nos deja un sabor amargo para quienes estamos convencidos que el poder del pueblo debe ser asumido con responsabilidad para luego exigir a nuestros elegidos un gobierno capaz, cuyo carácter y actuar se encamine siempre a la búsqueda y uso de la verdad, objetividad, y a evitar la infamia de vicios o acusaciones.
Ahora bien ¿qué sucede cuando el pueblo no asume esa responsabilidad y abusa del poder? la respuesta salta a la vista, se autoproclaman libre de actuar con abierta impunidad y descaro bajo el amparo de supuestos fraudes para no aceptar su derrota, negando la voluntad del poder como un ciego impulso que ocasionó la pérdida de tres vidas humanas y lesionó casi a medio centenar más, asaltaron centros de votación, comisarías y dependencias estatales, quemaron actas electorales y vehículos oficiales, bloquearon vías y apedrearon a quienes se oponían. Realmente, ¿tanta violencia era necesaria para denunciar un fraude electoral?
Sin duda, la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, no puede ser la respuesta a la desconfianza política ni el descontento popular. Esta lección parece haber sido aprendida por los electores del "pueblo de espinas" o como lo conoces Cajamarca, quienes lejos de muertos y heridos se valieron del poder popular para elegir a Gregorio Santos como su autoridad, pese a su encarcelamiento preventivo por supuestos actos de corrupción. Si es inocente o culpable, analizarlo corresponderá a otra edición; pero debo reconocer que supo empoderarse de la condición de ciudadano para llevarlo a la reelección.
Siendo ciudadanos, tenemos el poder de elegir y la obligación de respetar la voluntad popular a través de los diversos mecanismos de participación ciudadana, los cuáles dudo hayan sido interiorizados por estos vándalos que bien podrían purgar una condena no menor de dos ni mayor de ocho años por atentar contra el derecho de sufragio.
Esperemos que las autoridades electas afiancen el poder popular y encaminen el deseo de participación ciudadana, porque todos somos parte de la solución.
(El autor es abogado profesional radicado en Sullana. Síguelo en Twitter como @lumarcog)
