Único candidato a la presidencia denuncia atentado
ERP. Existen muchos indicios que señalan la responsabilidad de César Álvarez, presidente del Gobierno Regional de Ancash en hechos irregulares y delictivos. Tras ellos, una exposición de poder de congresistas, fiscales superiores y supremos y un aparente contubernio para opacar las denuncias realizadas contra la gestión regional. Las muertes por razones o motivos políticos en esta región han creado una ola de duda respecto a la validez del Estado como garante de los derechos humanos.
En el Programa "Sin peros en la lengua", dos fiscales destituidos dan su versión respecto a lo acontecido, igualmente narran las presiones previas para evitar que se investigue al presidente regional de Ancash. Los indicios señalan incluso al Fiscal de la Nación José Antonio Peláez y al probable sucesor Pedro Ramos Heredia. En los entretelones el congresista Heriberto Benites se muestra con un amigo condescendiente con César Álvarez.
En el 2011, Ezequiel Nolasco se presentó ante el Congreso y en su disertación señala sin temor alguno la corrupción judicial y política de la región de Ancash. Habla con claridad y pide una mayor acción del Estado para acabar con este dominio de la corrupción. Ezequiel se salvó de morir, pero perdió a uno de sus hijos. El Poder Judicial archivó las denuncias penales y en cada minuto de su vida posterior al atentado, acusó frontalmente al presidente regional de Ancash.
En este año, Ezequiel Nolasco es asesinado por sicarios. Fue uno más de una lista que ya se conocía y que jamás se le dio interés. Tras este vil crimen, se vienen presentando mayores evidencias que enlodan al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú, a congresistas de la República y a periodistas esclavos del ingreso fácil y el acomodo con el poder económico.
La región de Ancash, recibe mensualmente ingentes recursos que deberían financiar su desarrollo integral. Que igualmente deberían mejorar la educación, la salud, los valores cívicos y democráticos de la región; pero no, las noticias de asesinatos, amenazas y chantajes en todos los niveles ponen en riesgo la vida de dirigentes y autoridades, que osen oponerse al poder que ejercita César Álvarez. Es realmente sorprendente.
Contrario a lo que sucede en otras regiones, en Ancash no existen candidatos a la presidencia regional. Anunciar una candidatura, es ponerse en riesgo. Juan Calderón Altamirano es el único y conforme lo ha denunciado hoy, ya recibió el primer atentado contra su vida. Calderón pretende reemplazar a Álvarez y por ahora no tiene contendor. César Álvarez ha declarado que no será candidato; sin embargo, ello no significa que no promueva a otro allegado a su organización regional.
Juan Calderón Altamirano es un ex aliado del actual presidente regional César Álvarez. Su relación de vio resquebrajada en el 2011, cuando no consigue el apoyo de Álvarez para postular al Congreso. Es entonces que Calderón decide apartarse del partido "Cuenta Conmigo" y de su ex aliado. Actualmente, Calderón busca la presidencia regional de Áncash con el movimiento Juntos por el Cambio.
En el 2012, Calderón Altamirano da pruebas a la fiscalía sobre el lugar secreto de César Álvarez, denominado "La Centralita", donde se coordinaban las amenazas y atentados contra sus opositores. Además de pagos a periodistas para limpiar la imagen de Álvarez. Dos fiscales que pretendieron investigar la realidad de esta noticia, fueron destituidos sin mediar razones o motivos para ello.
Este tipo de acciones no se deben permitir y el Estado jamás debe facilitar el imperio de la corrupción. Por lo tanto, debe actuar oportunamente. No hacerlo, es sembrar terror y miedo en territorios como Ancash donde no existen garantías para la vida de aquellos que se oponen a Álvarez. Algo se debe hacer de inmediato.
Sin embargo, si bien es cierto que el caso de Ancash tiene repercusiones nacionales; en todo el país debe investigarse que es lo que sucede en las administraciones públicas. En Piura, por ejemplo debería mirarse y analizarse, quien dirige un programa denominado de "Convivencia Social"; evidentemente si el Estado tuviera un sistema de inteligencia que funcione, habrían sorpresas interesantes.
Igualmente, la coima institucionalizada en los gobiernos regionales puede acabar si Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial, asumieran el rol que les corresponde. Las denuncias archivadas en Ancash no son las únicas a nivel nacional. En la Municipalidad de Piura, la alcaldesa debería ser vacada por la intromisión de sus parientes en obras municipales; contra toda lógica el Ministerio Público tiene un débil actuar.
Ancash debería ser el referente para que el Estado actúe contra el terror, el miedo, las prácticas ilegales de funcionarios públicos y sentar precedentes que no paupericen el Estado de Derecho de un país que está en proceso de construcción.
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