ERP. Tía María es un proyecto minero ubicado en Islay en el departamento de Arequipa. Durante los últimos días, la población repite jornadas anteriores para impedir que se haga realidad, en tanto la Policía Nacional cumple con su rol tradicional de repeler la protesta ciudadana, usando los recursos otorgados por el Estado para mantener el orden interno.
La concesión la tiene Southern Copper Corporation quien anunció en todo momento que continuará con la ejecución del proyecto cuprífero que demandará una inversión de 949 millones de dólares. Se estima que la mina tiene 638 millones de toneladas de mineral, con un promedio de 0.39% de cobre contenido y de ponerse en práctica incrementará la producción de la empresa en unas 120 mil toneladas.
Pero no todo es beldad, Tía María ha cobrado una vida más. Una bala de la Policía Nacional, atravesó el cuerpo de un agricultor, quien se fue de esta vida, con el ideal que el agua es para la agricultura y que ella es más rentable que un proyecto donde se enriquecen unos pocos y la población recibe miserias. Ollanta Humala concordaba con la población, ahora cree que esa población está equivocada.
El Perú es un país exportador de materia prima desde sus orígenes. Los minerales, son ahora el sustento de la economía, tanto como lo fue antes. El crecimiento de economías desarrolladas, es la oportunidad para las subdesarrolladas para cubrir la demanda de metal.
Las inversiones son altas y las concesiones han sido capitalizados por empresas extranjeras y otras consorciados con peruanos, quienes siempre gozan de la protección del Estado, con el consabido argumento “del desarrollo nacional” y la “confianza en las inversiones”.
Los estudios de impacto ambiental en el sector minero, son elaborados por la propia empresa, los cuales son entregados al Ministerio de Energía y Minas para su aprobación. Previamente, este mismo ministerio autoriza la concesión, es decir, todo gira en la misma Entidad. Aunque, en la metodología se dice que debe informarse a la población, lo cierto que es solo una formalidad.
En proyectos de esta naturaleza, todo se maneja en Lima. Muchas veces, las poblaciones que residen en los territorios donde se realizará el proyecto, no tienen conocimiento de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, y justamente, allí radican los posteriores conflictos sociales. Sucede ahora en Tía María, pero igual acontece en Sechura y otros territorios donde existen recursos mineros o hidrocarburos.
Todos los líderes nacionales, dan opiniones sobre la pertinencia y conveniencia de un proyecto minero, sobre todo, cuando las inversiones a realizar son significativas. Más, gran parte de la población, está convencida que estos proyectos contribuyen poco al desarrollo territorial por los costos ambientales que implican. Aunque se habla muchas veces de “minería limpia” los argumentos están encontrados.
Es diferente la lectura entre el Gobierno y la población misma. En tanto el gobierno cree con entusiasmo que pueden convencer a los que protestan, los que se levantan contra un proyecto minero no creen en las explicaciones.
La mirada y la lectura limeña de un conflicto social solo se circunscriben a lo legal. Más, el conflicto tiene mucho de económico local, mucho de social, y gran parte de cultural.
En un país diverso como es el Perú, el diálogo solo es una ilusión. Las fórmulas para evitar el conflicto aún se mantienen ausentes. Las propuestas de una mayor participación en la renta de la propia población, no tiene escucha. Así las cosas, Tía María, es solo un punto en el vasto escenario de conflictos sociales.
Leer también: Piura: Minería y conflictos
