ERP. El Congreso de la República está prolífico modificando normas electorales y otras vinculadas. Con la falsa premisa que la corrupción es generada por la reelección modificaron la Constitución para impedirla en gobiernos regionales y locales; y ahora, buscan eliminar el voto preferencial que se usa para elegir a congresistas y que rige desde 1978.
La Comisión de Constitución del Congreso se avocará al conocimiento del proyecto, en un marco de cambios desestructurados de una reforma integral y quieren quitarle la posibilidad al elector, de elegir entre los candidatos al de su preferencia. De eliminarse el voto preferencial, a partir del 2016, la elección de los futuros 130 congresistas será en lista cerrada.
Nos pronunciamos una vez sobre la impertinencia de este cambio. El asunto es simple; los partidos políticos no son organizaciones que promuevan la democracia interna y las nominaciones son escogidas entre amigos, parientes, entre los que dan más dinero o simplemente por conveniencia. De mantenerse una lista cerrada, tal y conforme lo sostuvimos en opinión anterior, la elección para el Congreso, será la competición solamente de los primeros lugares.
Los candidatos al Congreso, bajo el régimen actual son decididos por la cúpula. Las elecciones internas son simplemente un engaña muchachos. Se acomodan documentos y actas y se engaña a los entes electorales. Aún con estas situaciones, el ciudadano puede decidir entre una múltiple variedad mediante su voto.
El escoger candidatos de acuerdo a familiaridad, expectativas económicas, amiguismo, o conveniencia para lograr más votos, se seguirá manteniendo aún con lista cerrada. Entonces se tendrá candidatos poco representativos, muchas veces representantes de una jurisdicción en la cual no residen, y ajenos al conocimiento de toda realidad territorial.
Los males de nominaciones mediante imposición de las cúpulas, es válido para todas las organizaciones políticas. Sucede en los fujimoristas, en nacionalistas, y toda organización que participe en una elección. Más nadie quiere ver, la necesidad de crear un marco jurídico diferente al existente.
En lugar de dedicarse a analizar la Ley de Partidos Políticos de manera integral, buscando mecanismos para el fortalecimiento de la democracia interna; las comisiones se avocan a debatir proyectos que limitan las libertades de los electores. El voto preferencial, en tanto no exista cambio sustantivo, debe mantenerse vigente.
Tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la Oficina Nacional de Procesos Electorales, han pedido cambios integrales. Los congresistas, se mantienen sordos a esos llamados; contra todo, anuncian el análisis y debate de la eliminación del voto preferencial en un retroceso democrático impropio en estos tiempos.
Sin duda, que este Parlamento y el que lo sucede, no tendrán la voluntad ni la claridad suficiente para repensar en una legislación electoral más funcional. Una Asamblea Constituyente, sería la más adecuada para lograrlo.
