ERP. Una decisión del Congreso de la República sorprendió en pleno partido de fútbol entre Paraguay y Perú. Lo que esperaron en el gobierno de Ollanta Humala y no llegó, pretenden se haga realidad gracias a una decisión que dispone la reposición de miles de maestros o profesores, que en su momento fueron renuentes a someterse a los imperativos de la Ley de Reforma Magisterial.
Desde la aprobación de la Ley de Reforma Magisterial hubo correcciones, pero no retrocesos. Se requería, como se requiere ahora, docentes preparados para la enseñanza y con las calificaciones mínimas establecidas en la propia norma, una de ellas, el título profesional que acredite la formación académica.
Durante el primer gobierno de Alan García Pérez, se entregaron puestos de trabajo en el magisterio, bajo el prurito de la necesidad institucional. Evidentemente, para lograrlo solo bastaba tener un carnet del partido y la plaza estaba garantizada. Varios de ellos, siguieron sus estudios y se mantienen como docentes, otros prefirieron la comodidad del poco esfuerzo e hicieron poco por superarse.
Estos llamados docentes, estaban obligados a obtener como mínimo su título pedagógico; sin embargo, creyendo que la norma sería una más de las tantas que existen en el país, hicieron poco caso a las nuevas exigencias reglamentarias. Culminado el plazo para que puedan completar su formación, se encontraron en la puerta de salida de la docencia. No hubo contemplación ni marcha atrás.
No solo fueron los maestros de oficio y sin título, otros prefirieron no someterse al rigor de las evaluaciones para ingresar a la carrera pública magisterial y por ende quedar expuestos a las decisiones del Ministerio de Educación. Los hubieron igual, quienes no aprobaron el proceso de selección para ser considerados como hábiles para la enseñanza.
Evidentemente, que subyace en la norma magisterial, la pertinencia de contar con profesionales de la educación idóneos, capaces y competentes para la enseñanza y aprendizaje. La búsqueda de una educación de calidad, no puede estar en manos de personas poco formadas y menos dejar al empirismo puro el desempeño de esta función.
Es por eso que llama la atención la decisión del Congreso de la República, que desanda todo lo avanzado, para hacer populismo al mejor estilo aprista, con un grupo de extrabajadores que prefirieron no hacer ningún esfuerzo para calificarse e ingresar a un sector, que mantuvo durante los últimos años una continuidad en las políticas públicas para mejorar la educación.
El presidente de la República Martín Vizcarra ha declarado que observará el proyecto de reincorporación y es posible que llegue al Tribunal Constitucional para que dirima si prevalece la Ley de la Reforma Magisterial o si se abren las puertas para el retorno de estos miles de docentes excluidos del sistema por no cumplir con las calificaciones requeridas.
Como si fuera poco, a los docentes excluidos y que se dispone reincorporarlos, ahora se suman más de 10.000 directores y subdirectores de colegios públicos cesados hace seis años por no participar o desaprobar una evaluación excepcional que debía ratificarlos en sus cargos en el marco de la Ley de Reforma Magisterial.
Esperemos que esta norma quede en los anaqueles de las buenas intenciones. La educación peruana requiere meritocracia y dignificar la profesión del docente. Llegar a ocupar una plaza debe ser el resultado de las propias calificaciones y no de una medida congresal.
Fotografía referencial
#PlenoVirtual I Se sustentan los PL 2312, y otros, que proponen promover el ingreso a la carrera pública magisterial de los docentes nombrados interinamente durante la vigencia de la Ley 24029 y que fueron cesados.
— Congreso del Perú (@congresoperu) October 8, 2020
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