ERP. Previo a la votación de la Comisión Permanente del Congreso el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos defendió ardorosamente a Keiko Sofía Fujimori y al difunto Alan García Pérez, además deslizó cuestionamientos contra los fiscales que llevan adelante las investigaciones. Sabía que los votos eran mayoritariamente de Fuerza Popular y el Partido Aprista Peruanos y en sus manos estaba su futuro.
La asociación entre Pedro Chávarry y Fuerza Popular no es nueva; lo denunció en su momento el fiscal José Domingo Pérez y lo ratificó Rafael Vela. Incluso su permanencia en la fiscalía de la Nación fue duramente cuestionada por intromisiones y trabas para que la verdad del caso Lava Jato no se conozca.
Pretendió cesar a los dos fiscales incómodas y el pueblo salió a protestar para decirle que la corrupción se combate y no se apoya. Horas después, tuvo que desistir en sus intenciones, sumando una contradicción más en su alicaída situación. Pedro Chávarry, era el personaje que desde el Ministerio Público sabía podía entorpecer toda acción de investigación y en parte lo logró.
Exfiscal de la Nación Pedro Chávarry y su blindaje por Comisión Permanente del Congreso
Como se sabe, el expresidente Alan García Pérez estaba comprometido con la recepción de recursos de la corrupción; después de negarlo por años y en todas formas, se encontró el primer indicio y se fueron sumando otros que lo hubieran llevado a la cárcel; en tanto Keiko Fujimori, usaba su mayoría congresal para distorsionar las investigaciones penales en su contra, terminando con prisión preventiva que se mantiene hasta hoy.
Los “Cuellos blancos del Puerto” fue una organización que funcionaba entre el contubernio de magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y algunos personajes ajenos a la judicatura. Escuchas ocasionales permitieron conocer el nivel de involucramiento de varios de ellos, de tal manera que llevó a una crisis que hasta ahora se mantiene.
La destitución de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura ha llevado a medidas radicales para cambiar la estructura. Se ha formado la Junta Nacional de Justicia, la misma que deberá conformar el nuevo ente que nombre y remueva jueces y fiscales; en tanto esto suceda, los miembros del Poder Judicial y Ministerio Público no pueden ser removidos y eso lo saben los propios magistrados y los políticos que no quieren participar en la lucha contra la corrupción.
Se requieren cambios y son urgentes. El Ministerio Público ha dado evidencias de su integridad y sigue adelante; sin embargo, cuando se trata de altos funcionarios de la magistratura debe buscar el pronunciamiento del Congreso de la República donde moran el fujimorismo y el aprismo, dos organizaciones con serias dudas respecto a la moralidad de sus principales líderes.
El Poder Judicial en esta crisis ha respondido bien, pero no pueden actuar cuando pierden jurisdicción y requieren autorización del Congreso, el cual va en sentido contrario a las expectativas de la población. En esa perspectiva, la legitimidad social que se requiere para crear un Perú libre de corrupción se ve limitada por la actitud de una mayoría que se niega a facilitar las acciones penales y judiciales que corresponden.
Fuerza Popular y el grupo del Apra que se mantienen en el Congreso demuestran una vez más, que más allá de los intereses del país, se encuentran los suyos al proteger y blindar a funcionarios públicos con cuestionamientos serios respecto a su transparencia y moralidad. Por el momento ha decidido la Comisión Permanente del Congreso. .
Falta conocer en este tema, el pronunciamiento del pleno del Congreso y se determinará por donde fluyen las decisiones de la mayoría. Si están por apoyar a quienes se encuentran censurados y cuestionados o deciden seguir blindando a Chávarry y otros.
