ERP. (Por Pierr Abisai Adrianzén Román) El pasado mes de agosto, en medio de la expectativa por el adelanto de elecciones, la detención de Toledo, el arresto domiciliario de Kuczynski y la casación de Keiko Fujimori, el Ejecutivo promulgó la ley N.º 30997, que incorporó el delito de “financiamiento prohibido de organizaciones políticas”. Esto como consecuencia de las imputaciones a candidatos y autoridades electas, de haber recibido dinero para sus campañas.
En nuestro sistema electoral el financiamiento de partidos políticas es dual: privado y público. Sin embargo, los partidos no pueden subsistir únicamente con aportes de sus miembros, sino que deben buscar financiamiento externo. Es allí, donde se puede producir el desbalance entre lo realmente gastado y lo aportado, situación que se buscó controlar en la legislación electoral, pero que, a grandes luces, ha sido desborda, ya que no existe la capacidad real de controlar a tantas organizaciones y todos los aportes, tanto legales como ilegales. Es innegable que algo está fallando en la política de Estado respecto del dinero que ingresa directa o indirectamente a los partidos.
Como consecuencia de esta deficiencia en el control a nivel administrativo, la medida popular y fácil que tiene el gobierno, con amplia aceptación popular, es recurrir a sancionar las conductas de financiamiento que la ley prohíbe, como delitos, dejando de lado las soluciones costosas, a largo plazo y difíciles de implementar, como sería una reforma integral del sistema electoral.
A cuatro meses de unas nuevas elecciones, poco o nada se puede hacer para fortalecer el sistema electoral; sin embargo, será indispensable, si se busca una transición a un gobierno democrático, que no se repitan los errores que nos han llevado a esta crisis política y de representatividad, desde el gobierno debe existir un control exhaustivo del dinero que ingresa a los partidos.
