Por Laurence Chunga Hidalgo
ERP. Es común escuchar la manida frase: "los funcionarios públicos son corruptos". Los medios de comunicación de medio pelo, la gente común y, hasta los niños, lo anuncian sin pensar un poquito en el contenido de la expresión; al punto tal, que en los pasillos judiciales, donde convergen justiciables, abogados y abogadillos, se exponga sin remordimientos: "déjale un sencillo" u "ofrécele algo al juez y el asunto caminará con prontitud". He visto denuncias en ODECMA en las que el justiciable se queja de las demoras procesales argumentando "como dejé de pagarle al secretario, entonces el proceso se ralentizó", sin ser consciente de que el mismo denunciante tiene la calidad de autor del delito de cohecho. En realidad, el común de los mortales presume que es bueno coimear, exponer "gestos de gratitud" o dejarle algo para el taxi o para la gaseosa. No se le puede pedir mucho, a quien poca instrucción tiene.
Empero, cuando esa presunción la expone el Presidente de la Corte Suprema, entonces hay que preocuparse. Hace unos días éste anunciaba que en las redes criminales hay delincuentes de saco y corbata y, para ejemplificar señaló "Con decirle que hay hasta funcionarios públicos, como jueces y fiscales". Y entonces -como los discípulos en la última cena- los que detentamos esos cargos nos preguntamos ¿seré yo uno de esos? o lo que es peor, nuestros amigos o conocidos con justa razón podrían preguntarse "¿ese juez que conozco está metido en esos entuertos?". Ante esto ¿Cómo puedo evitar que la ciudadanía piense que soy uno de aquellos? Lamentablemente, el declarante no dio nombres ni tampoco hizo referencia a decisiones jurisdiccionales o administrativas que permitan identificar a los descarriados. Es más, abundó en la imprecisión al indicar que hay "Unos 28 jueces están siendo investigados por la Oficina de Control de la Magistratura por presuntos indicios". Se trajo abajo el constitucional enunciado de la presunción de inocencia hasta que un juez decida lo contrario. Parecería que, según el señor Mendoza Ramírez es suficiente estar procesado para calificar como delincuente. Y ahora en forma de pregunta ¿No se le puede pedir mucho a quien poca instrucción tiene?.
Los medios de comunicación, con ocasión de los destapes referidos al tema Orellana han relacionado a jueces complacientes con el modus operandi de la organización, relaciones de amistad y compadrazgo, roces profesionales extraprocesales entre abogados y jueces, tratos con parientes o personas allegadas a Orellana Rengifo que se muestran como "revelaciones", indicios, pistas, que motivan sospecha, exponen desconfianza, refieren preocupación y evidencian malicia que requieren serias investigaciones, sean a nivel administrativo (OCMA), sean a nivel penal (Ministerio Público). No obstante, ninguna investigación, sea cual fuera su naturaleza puede convertirse en el punto de apoyo, en la pérfida pértiga para exponer frases agraviantes para los que conformamos la magistratura nacional. Exponer que, hay jueces y fiscales que conforman redes criminales, es un juicio tan genérico que en el ideario colectivo se le concede igual valor que a la premisa mayor del clásico silogismo aristotélico: "los hombres son mortales"; de modo tal, que para cualquiera, bastará con exponer -con un nombre cualquiera- el siguiente juicio: "Pepito es juez" para finalmente y con mucha facilidad concluir que el mencionado "conforma una red criminal". No, en realidad no. Se concluirá diciendo que, "el juez pepito es un criminal".
Si exponemos la idea, en la forma de silogismo clásico; premisa mayor: "Hay jueces que conforman redes criminales"; premisa menor: "Pepito es juez"; conclusión: "Pepito conforma redes criminales", evidenciaremos que, la denominada premisa mayor no es una proposición general o universal. Es en realidad un enunciado genérico e indeterminado, equivoco en su formulación puesto que, es en realidad contiene una proposición particular: "(algunos) jueces conforman redes criminales". Lamentablemente, el mal uso de lenguaje y la ausencia de definiciones motivan críticas severas al modo como el Sr. Mendoza se expone ante los medios de comunicación. Los funcionarios públicos no podemos hacer aseveraciones genéricas porque las mismas serán descontextualizadas para establecer conclusiones inválidas.
El asunto, sin embargo puede que no quede allí. Muchos habrían advertido que efectivamente la expresión "(algunos) jueces conforman redes criminales" es una proposición particular y partir de ella podrán inferir conclusiones de probabilidad, luego de aplicar la segunda proposición particular, la inferencia será: "Pepito, probablemente, sea miembro de alguna red criminal". La conclusión, desde las reglas del correcto razonamiento, es válida; pero políticamente desastrosa: reafirma los prejuicios colectivos, posibilitando con fundamento en las palabras del mismísimo Presidente del Poder Judicial, que los jueces, en su calidad de funcionarios públicos, son probablemente reprensibles. Luego, la proposición perderá el contenido hipotético para convertirse en una certeza indubitable.
El Poder Judicial tiene en su haber un alto nivel de desconfianza ciudadano. La gente no cree en sus jueces y, por ello es que, anuncia sus desconfianzas en prejuiciosos adagios que se reafirman en las expresiones lamentables de quien detenta la primera representación institucional. De hecho, la misma es injuriante pues mete en un solo saco a tirios y a troyanos. Sería conveniente, en mérito a la transparencia institucional que sus expresiones sean retiradas -si fuera posible- o cuando menos, reconducidas. Por lo pronto, en un suplemento semanal ha indicado que, existen 77 solicitudes ante el CNM de separaciones de jueces (sin precisar lostipos de faltas o delitos que las motivan) y, luego advierte que hay 22 jueces investigados por la OCMA con ocasión de los casos en Ancash (http://correosemanal.pe/del-impreso/enrique-mendoza-yo-no-puedo-garantizar-nada/). Lo ideal es que no exponga ideas que luego requieran corrección, pues se revela como indeciso y sin recursos comunicacionales, lo que a su vez, expone –en tanto representante del Poder Judicial- a nuestra institución como debilitada y desapoderada, sumisa a los poderes fácticos de los medios de comunicación.
Mientras que no se tenga un juicio que establezca las responsabilidades los jueces investigados, éstos están protegidos por la presunción de inocencia y, en consecuencia no puede revelarse -sin más ni más- sus nombres; no obstante, consideramos corresponde que la Oficina de Control de la Magistratura exponga con datos precisos, el número de jueces investigados, los distritos judiciales a los que pertenecen y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los que pertenecen a dicha jurisdicción, el tipo de faltas que motivan la intervención y, el tiempo en que se tendrán los resultados de sus investigaciones. Las genéricas expresiones del Presidente Mendoza así lo exigen, pero por encima de ello, el buen nombre y la honra de los jueces que se dedica con profesionalismo, ética y honradez a su labor de administrar justicia en un país de desconfiados.
----------------------------------------
Laurence Chunga Hidalgo: Abogado con estudios de filosofía y de ciencias y humanidades con mención en historia. Ejerce función estatal como juez penal de Chulucanas.
