ERP. El caso de una niña violada y asesinada en Lima, renovó una vez más la necesidad de retirarse del Pacto de San José de Costa Rica, con la finalidad de poder aplicar la pena de muerte por este tipo de delitos. Entiendo que es diferente ser solo observador a vivir de manera directa este tipo de hechos. Igualmente, es fácil deducir el dolor y la ira al saber los niveles de criminalidad al cual pueden llegar algunos individuos.
El tema es polémico y se extiende con el tiempo de la civilización. Quizá lo más conocido sobre el particular es la Ley del Talión o en latín lex talionis el cual en términos sencillos significa que el castigo contra el infractor debe ser similar al daño cometido. Es decir, si alguien mata, la complementariedad para que el castigo sea similar al daño, debe ser causarle la muerte al sujeto como una justicia retributiva.
¿Un asesino debe ser sancionado con igual dimensión a su crueldad?
En el caso peruano, al ser signatarios del Pacto de San José de Costa Rica, solo es factible la pena de muerte por traición a la Patria. Para poderlo hacer en delitos diferentes, deberán denunciar el Pacto y retirarse del mismo, lo cual implica esperar el tiempo que se establece y modificaciones constitucionales para permitirlo. Es un camino largo y que implica consenso para lograrlo.
Se aplica en algunos países, por delitos diversos, pero son los menos. Conforme la civilización se fue consolidando, los sistemas jurídicos abandonaron la pena de muerte frente a delitos por muy graves que sean ellos. Al contrario, se ha buscado encontrar formas alternativas para penalizar con bastante dureza a quien rompe la norma social y comete delitos calificados como tales por el sistema jurídico.
La violación sexual y consecuente muerte es un hecho grave y de grandes implicancias sociales. Algo pasa en la ciudad que genera distorsiones y acciones incontrolables donde la norma no se cumple y el avasallamiento del más desvalido o del más vulnerable no cesa. La violencia, no solo es contra la mujer, también se actúa con criminalidad contra menores de edad.
Lo ocurrido con Jimena en Lima o como aconteció en Loja con la niña Emilia, nos demuestra la insania y la enfermedad de algunos sujetos que agreden a la mujer, a niñas, niños y adolescentes, demostrando toda su irracionalidad y cuestionamientos a una sociedad responsable de garantizar la vida en común y pleno respeto de los derechos humanos. El Estado igualmente ha demostrado ser incapaz para garantizar la vida de los demás.
Los delitos no se resuelven con la pena de muerte. En China si un funcionario público es descubierto robándose los dineros del Estado, simplemente es ejecutado. De aplicarse en nuestro país, no estarían vivos Alberto Fujimori, Alan García Pérez, Alejandro Toledo e incluso le esperaría la pena capital al mismo Pedro Pablo Kuczynski. Pero el Perú no es China y por lo tanto, siguen vivos y negando hasta su propio convencimiento que son inocentes.
Diversos políticos han pretendido aprovechar lo mediático del caso y han pedido que Perú abandone el Pacto de San José. Sin duda, si alguien quiere hacerse conocido es su oportunidad, bastaría hablar con contundencia de la pena capital y pedir su aplicación y sin duda, tendrían todos los medios de comunicación a su lado y muchos comentando a favor o en contra.
Durante los ejemplos fácticos de vigencia de la pena de muerte, se demostró que el matado no fue culpable del delito del cual se le acusó. Lo cierto que un sistema para que funcione, debe tener instituciones confiables y lo menos confiable en nuestro país es el Sistema Judicial. Se podrían llenar libros de libros de magistrados que convierten en culpables a los inocentes y a los inocentes en culpables.
Magistrados que mantienen preso al ex presidente de la República Ollanta Humala y su esposa, en tanto que otros con los mismos cargos, tienen el beneficio de la duda y gozan de libertad. En ese Poder Judicial, quieren algunos peruanos dejar la decisión de resolver, si lo estiman conveniente, respecto a la vida de un acusado.
Pero no es todo, de acuerdo a múltiples estudios se ha demostrado que la pena de muerte no evita la recurrencia del delito. Lo único que cambiará es que el que viola y mata en lugar de ir a la cárcel irá bajo tierra. En tanto se gastará menos, porque como dice un ignaro congresista, es preferible comprar balas antes que llevar a la cárcel a los delincuentes que cometen estos delitos.
El otro hecho y que algunos interesados cuestionan es retirarse del Pacto de San José de Costa Rica y por ende de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los peruanos tienen fresca la memoria de todos los abusos y crímenes cometidos por el gobierno de Alberto Fujimori. Justamente, muchos inocentes en aras de la pacificación fueron matados a mansalva y sin ningún procedimiento. Frente a este tipo de casos, los único válido no es la justicia interna sino la global.
Se hizo justicia gracias a los organismos supranacionales que cautelan los derechos humanos cuando se mató a mansalva a inocentes. Fujimori, en el marco del Estado de Derecho fue condenado y purgó condena. Posteriormente, al menos se ha visto la voluntad de respetar los preceptos constitucionales y con relatividad los derechos que corresponden a las personas como tales. Dar un paso atrás en un logro de la civilización interamericana, de alguna manera demuestra los escasos avances de la sociedad peruana.
Para este grupo, la ley del talión debe aplicarse, en tanto el Estado sigue fallando en su rol de erradicar toda expresión violenta y sobre todo el crimen; sigue incumpliendo en su competencia de abordar las causas y construir una sociedad más pacífica. En tanto, otros grupos buscan mediante medidas inadecuadas en soliviantar mucho más la situación de un país que debe, es posible, ser respetuoso de los derechos humanos.
El que delinque, la Ley establece la penalidad. Cuánto mpas grave su delito, mucho más severo el castigo. La pena de muerte jamás será solución para disuadir nada; al contrario los investigadores creen que contribuye a incrementar el clima de violencia. En sentido contrario a la realidad, se encuentra la exigencia de tener un Poder Judicial más profesional y justas penas para castigar a quien comete un atropello y una criminalidad como quitarle la vida a una niña inocente.
