ERP. El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, es el superministerio y por sus oficinas, pasan la mayor parte de decisiones que corresponden a las instancias públicas y sobre todo de los entes, que constitucionalmente son autónomos. En su posición regulatoria, muchas veces excede su marco legal y es lo que ha sucedido en el caso de la Municipalidad Metropolitana en el caso del transporte.
Luis Castañeda Lossio, al verse afectado precisó que incluso recurrirá al Tribunal Constitucional en defensa de las competencias que corresponden a la Municipalidad de Lima Metropolitana. Quizá no sea necesario, tras la reunión prevista con el Ministro Alonso Segura, sin embargo, es necesario tener las ideas y los conceptos claros respecto a competencias y autonomías subnacionales.
“El proceso de descentralización no se realizó tal como lo determinaba la ley; no se utilizó la combinación adecuada de los principios establecidos en la Ley de Bases de Descentralización. Por el contrario, fue un proceso acelerado y a pesar de los distintos esfuerzos, el Estado no ha sido capaz de delimitar las competencias y distribuir funciones de las entidades públicas para una eficiente gestión de los distintos niveles de gobierno” se expresa en un estudio realizado por Contraloría General de la República para analizar lo avanzado.
Más allá de lo enunciado en el párrafo anterior; el centralismo no quiso crear las capacidades, ni garantizar las autonomías de regiones y municipios, para seguir manteniendo un rol protagónico, sobre todo para el manejo de los recursos. En este contexto, los procesos de acreditación que se determinaron en una primera instancia, simplemente fue puramente formal y la desaparición del Consejo Nacional de Descentralización o CND, fue la primera pieza para el retroceso.
Actualmente, no existe gobernador regional, que no concurra de manera disciplinada hacia la capital de la República, para entrevistarse con ministros o con el propio presidente de la República en busca de obras y actividades para sus regiones. Son los ministerios los que han concentrado gran parte de los recursos y vía convenio se transfieren a regiones. Los casos más alarmantes se encuentran en agua y alcantarillado.
Igualmente, no se ha visto liderazgos regionales que se preocupen por perfeccionar el proceso de descentralización, y al contrario, los hechos de corrupción de presidentes regionales y otros funcionarios han sido usados para desmerecer todos los avances. Limitada capacidad para entender el proceso en sí, y una baja propuesta de mejora continua es la característica principal de los gobernantes regionales actuales.
Las funciones y competencias del CND fueron llevadas a la Secretaría Nacional de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, y lo que pudo ser una instancia de análisis y de consensos para perfeccionar el proceso de descentralización, se convirtió en un instrumento para reconcentrar.
Lo que sucede con Lima, acontece en todas las regiones. Intromisión en competencias que son regionales y manejo de los recursos directamente desde el MEF y los Ministerios. Todo ello se suma a bajas capacidades de autoridades elegidas y de funcionarios designados y la falta de un ente donde se puedan plantear mejoras al proceso de descentralización.
Entendemos que la Constitución es diáfana respecto a competencias y que es el sistema burocrático el que impide una plena autonomía administrativa y económica. En este contexto, el ministerio que ha concentrado mayores funciones es el de Economía y Finanzas y las ejerce de manera discrecional, de tal manera que su importancia y decisión es entendida y comprendida por funcionarios públicos que se encuentran en las provincias.
Asimismo, consideramos que los entes de control simplemente no funcionan. Los entes de control son importantes, porque permitirían antelarse a distorsiones y corrupciones. Por ahora, Contraloría General de la República solo se encuentra abocada a mostrar estadísticas altas y no a realizar un trabajo eficiente.
Si su trabajo sería eficiente, hubiera antelado a lo que sucedió en Chiclayo, Tumbes, Ancash y otras regiones donde la corrupción rebasó todo supuesto. No existen sistemas de inteligencia que permitan mirar de cerca lo que acontece con los sistemas administrativos de la gestión pública y sobre todo en el manejo de los recursos públicos.
Se ha tratado de asociar corrupción versus descentralización. Cualquier funcionario municipal de provincias, puede dar testimonios de lo que tiene que negociar en algunos ministerios que manejan recursos para inversión pública. El sistema mismo los lleva a asumir compromisos indebidos.
Por lo tanto, no puede asumirse como hipótesis válida que la descentralización es mala por la corrupción, sino porque el sistema se encuentra establecido primero para reconcentrar, luego de hacerse importantes negociar con regiones, provincias y distritos y así, sacar provecho personal desde Lima con los recursos que deberían ser gestionados por gobiernos regionales y locales.
El asunto de fondo es de poder. El poder ha sido reconcentrado con algunas leyes de poca jerarquía y sobre todo con imposición y verticalidad, donde el actor principal es el Ministerio de Economía y Finanzas.
Finalmente, debemos decir que la descentralización es una realidad y corresponde a los líderes regionales y la población regional, defenderla y contribuir para una mejora continua, evaluando y analizando constantemente los pasos dados, defendiendo con firmeza cuando se afecta la Constitución y aportar en el espacio subnacional para que se vean los beneficios de la descentralización versus concentración.
