ERP. El martes 15 de febrero de 2022, el Gobierno Regional de Piura convocó a los medios para informar avances sobre la gestión de hospitales a lo largo del departamento. Lo irónico fue que horas después, el Ministerio Público allanó el local que está justo enfrente del llamado ‘búnker’ por cuentas poco claras respecto al nosocomio de Máncora, provincia de Talara, un pasivo de gestión que se viene arrastrando hace algunos años.
Por Nelson Peñaherrera Castillo
Cuando los y las periodistas se alistaban para ingresar, dos de ellos se sorprendieron al conocer que su acceso estaba restringido, aparentemente, porque no estaban en una relación de invitados. Tania Bautista, de la oficina del diario Correo en Piura, y Rogger Valle, de Cutivalú, fueron obligados a quedarse afuera tomando sol sin desearlo.
Para nadie es secreto que ambos son medios muy influyentes a nivel local y nacional. Correo es una cadena de diarios que forma parte del Grupo El Comercio, uno de los más importantes de la industria de la comunicación social en Perú. Cutivalú ha cumplido 35 años en mercado piurano, comenzando en radio e integrando poco a poco su sitio web y sus redes sociales y siempre marcando agenda especialmente en cuanto a demandas comunitarias.
Más que una conexión afectiva, puedo decir que conozco cómo procesa cada medio desde la propia entraña, y pensando en tiempo actual, guardo mucho respeto por el trabajo que cada una de esas casas realiza, quizás a lados opuestos de la vereda; pero lo que no se podrá decir de las dos, y reitero, pensando en sus gestiones actuales, es que incurran en inconductas dentro del ejercicio periodístico: investigar las historias que publican y basarse en los hechos.
A pesar de sus diferencias en las líneas editoriales, ambos medios han sido muy críticos de la administración de Servando García al frente del Gobierno Regional de Piura, y aparentemente esa puede ser la razón por la que se les impidió el acceso. La autoridad regional ha dicho en su defensa que se trató de un hecho aislado.
Pero, ¿la ojeriza es solo con Correo y Cutivalú? Teo Zavala es una prestigiada periodista y docente universitaria, cuya vida profesional ha estado mayormente ligada al diario El Tiempo, el que, a pesar de cambiar de dueños, no ha prescindido de su talento, al igual que de Rosa Labán o Margarita Rosa Vega, que son una suerte de marcas y sellos en el periodismo piurano. A las tres las conozco personalmente.
Solo hablando de Zavala y Vega, también han tenido posiciones muy críticas respecto a la administración García, y por lo menos en el caso de la primera, le ha costado que sus solicitudes para entrevistas o para acceder a información no sean atendidas poniendo uno y mil pretextos. Incluso se supo que alguien tramó agredirla durante un evento público del Gobierno Regional, pero una oportuna infidencia lo frustró.
¿Otro caso más? Sí. Vanesa Jiménez me contó, mientras yo investigaba una de las historias que hemos destacado en el podcast #3alhilo, que cuando fue presentadora y reportera de RPP Noticias en Piura, al menos una vez fue bloqueada de cubrir una actividad oficial del Gobierno Regional. Y esos son los casos que conocemos, o que por lo menos me autorizaron a publicar sus nombres.
Aunque la muestra es aún corta, puedo detectar que la conducta parece ser un patrón de la administración García. Y como para no pensar que tomo partido por mis colegas de manera temeraria, un pronunciamiento del Colegio de Periodistas del Perú (Filial Piura), al que no estoy afiliado, dice que se trataría de una conducta reiterada. Mi sola opinión podría ser discutible; pero una posición gremial, ya estamos hablando con palabras mayores. ¿Alguien más?
Mela Salazar, una de mis profesoras en la Universidad de Piura, amiga, colega, y en algún momento compañera de trabajo (porque también hice prácticas preprofesionales en mi universidad), se convirtió en activista ciudadana y también escribe una columna semanal en El Tiempo. De hecho, casi somos competencia en los géneros de opinión.
Debido a las demoras que hubo en atender la reconstrucción y rehabilitación de Piura tras El Niño de 2017, del que ella fue una de las damnificadas en la práctica, usó su voz para señalar presuntos actos de corrupción que conectaban al Gobierno regional. Como respuesta, los ataques en las redes sociales han sido peor que furibundos, llenos de inexactitudes, insultos y amenazas hacia ella.
Para quienes piensen que esto es un típico lío entre periodistas contra una fuente, déjenme decirles que lo están viendo de una forma muy sesgada. ¿Un ataque contra las mujeres que hacen periodismo? Podría ser. A lo mejor los funcionarios regionales parecen ser elegidos por un prontuario sexista, como ocurrió con los primeros nombramientos de García, especialmente en altos cargos. Recuerdo que varios gerentes tuvieron que ser removidos u ocultos cuando la prensa descubrió que eran unos tremendos agresores contra las mujeres.
Y este ‘insight’ me recuerda que entre Correa y Pedro Castillo existe una especie de camaradería en modo teletubbie, al punto que cuando ambos se encuentran se echan unas flores que para qué les cuento. Para el registro, la administración Castillo también está siendo señalada porque sus altos cuadros, entre ellos ministros y asesores, son probados o al menos sospechosos agresores de género. Es lógico preguntarse: ¿las cabezas también lo son?
Y no es su único punto de encuentro. El lunes 21 de febrero, Pedro Castillo agredió a un reportero quien le cuestionó por qué al Ministerio Público declaró que no conocía a la empresaria Karelim López cuando a Fernando del Rincón, de CNN en Español, le dijo que sí. Fue cuando soltó su infame ‘bite’ de que “esta prensa es un chiste”. Ojo. Si Castillo mintió a Fiscalía, está en serios problemas legales.
Al día siguiente, la Policía cercó a los reporteros en Huarochirí, Lima, para que no se acercaran ni a Castillo ni a su segunda al mando, Dina Boluarte. Y para coronar el pastel, al día siguiente, la secretaria de comunicación social de la Presidencia del Consejo de Ministros, Cimena Pinto, denunció que el titular de esa oficina, Aníbal Torres, quería asignar la publicidad estatal a dedo, dejando de lado a medios críticos al régimen.
Torres dijo el jueves 24 que prefería poner la publicidad estatal en los medios estatales, a pesar que su penetración de mercado o ‘share’ no es tan abrumadora como la de los privados, en especial los operados por el Grupo El Comercio, que posee gran parte de la torta de audiencias en todo el país. Digo, si El Regional de Piura te ofrece 1000 vistas, y medio B te garantiza 50, pero medio B te lame las botas, ¿realmente pondrías tus anuncios en medio B? Regresemos a Piura.
Como decía arriba, quien crea que éste es un lío de una fuente y la prensa, lo mira muy corto. En realidad se trata de un lío entre autoridades regionales y ciudadanía. Los medios de información, desde que somos medios, canalizamos los hechos y datos para que quienes detentan poder no solo digan la parte bonita del cuento sino para que también rindan cuentas, y esa transparencia toca hasta el último centavito que gastan porque es plata de contribuyentes.
Dicho sea de paso, la información pública tiene el adjetivo pública porque afecta a nuestras comunidades en general, seamos o no contribuyentes; por lo tanto, su flujo no puede ser selectivo ni estar sujeto a una expresión de causa si acaso pedimos que se nos proporcione. Como indica la Defensoría del Pueblo en una nota a raíz del incidente con Bautista y Valle, es un derecho constitucional, y aquí te dejo el enlace que el representante de esa oficina en Piura, César Orrego azula, tan gentilmente nos proporcionó vía Twitter: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-gobierno-regional-de-piura-debe-garantizar-respeto-a-la-libertad-de-informacion/
Al señor Orrego le consta que yo jamás le pedí que me alcance ese documento, pero él sintió que necesitaba hacerlo porque entiende que la gestión pública ante todo se conduce bajo el criterio de transparencia, además de la proactividad. ¿Se agradece eso? ¡Claro! ¿Genera confianza? ¡Por supuesto! Eso es lo que pedimos a las autoridades regionales no porque seamos prensa –bueno, también—sino porque su deber es decirle a la población qué están haciendo.
Ojalá que no volvamos a saber de “listas de invitados”, y que la mala costumbre no se extienda, como ya está pasando en Sullana, donde una dependencia que reporta al gobernador García tiene también sus “medios favoritos” y el resto no. Si así pretenden repetir el plato en la gobernación, van por pésimo camino.
También espero que la reacción de la prensa piurana al unísono no sea otro hecho aislado. Como me dijo la experimentada Teo Zavala, nuestro problema ha sido que se la hemos perdonado desde el inicio, y lo que no se corrige a tiempo se convierte en vicio. Olvidémonos de si somos colegiados, asociados, federados o (como yo) no afiliados: aquí no está en juego nuestros empleos sino el derecho que tenemos todos y todas a saber qué, cuándo, cómo, dónde, por qué y con quién lo hacen nuestras autoridades. Tan fácil como eso.
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