Por: Nelson Peñaherrera Castillo. Eyvi Ágreda Marchena es una joven de San Ignacio, Cajamarca, que trabaja y estudia en Lima. Al terminar su jornada, regresa a casa. Va sentada en uno de los últimos lugares del bus. Inesperadamente, un hombre se levanta, se dirige hacia ella, la rocía con gasolina y, ante el terror y la impotencia del resto de pasajeros, le prende fuego. Nueve de ellos sufren quemaduras localizadas de diversa consideración, pero más del 60% del cuerpo de Eyvi, además de sus vías respiratorias, se ha quedado en carne viva.
La noticia rompe en las salas de redacción, harto sensibilizadas por los casos de violencia de género (de un tiempo a esta parte), y se preguntan si acaso es otro más de su tipo, o acaso peor. Llegan hasta el lugar de Miraflores donde aún está el vehículo, inservible por el fuego ahora. Recogen los testimonios de quienes estaban allí: alguien asegura haber visto el brazo izquierdo del agresor prenderse en llamas. Cuando la Policía Nacional reacciona, este dato le parece relevante, pero lo que la saca de cuadro es que entre agresor y víctima no hay ningún lazo aparente.
¿Estaremos llegando a los niveles de otros países donde varones iracundos y frustrados incluso lanzan ácido al rostro de las mujeres para desfigurárselo? En esos casos, no hay relación previa entre agresor y víctima, pero sí una intención marcada de crear un daño permanente.
Sandra, la hermana de Eyvi, va a la Policía y aporta un dato que arma casi todo el rompecabezas: el agresor sí conoce a Eyvi, tanto que hasta trabajan juntos. Se llama Carlos Hualpa y durante dos años la ha venido acosando, pero ella ha preferido no hacerle caso. La memoria fotográfica de Sandra será crucial para que las fuerzas del orden identifiquen al agresor, al punto de montar guardia en su casa y esperar el momento para intervenirlo. Y el momento llega.
A la mañana siguiente de la agresión, Hualpa se asoma a la puerta de su casa. Los efectivos lo intervienen. El hombre parece tener algo raro en el brazo izquierdo. Dice que se quemó cocinando; la Policía no le cree. Se lo lleva detenido.
Durante el interrogatorio, el sujeto de más de treinta años niega de todas las formas posibles que le haya prendido fuego a Eyvi. Su abogado llega a convencerlo que lo mejor será decir su verdad, y la verdad no solo incinera sino que descuartiza: sí, él le había prendido fuego porque venía pretendiendo a la chica, y ella no accedía; entonces, para 'darle un escarmiento', la quemó viva, pero solo para desfigurarla, pues, o sea, varón, no la quería matar, ¿manyas?
"Si no es mía, no será de nadie", asegura Sandra que Hualpa le dijo a un amigo. Mientras tanto, el entrenador de su gimnasio da una sospechosa declaración a una cadena de radio diciendo que, pes, es que el pata no se le veía maleado, o sea, ni idea que fuera así.
Ahora, el Ministerio Público está acusando a Hualpa de más de cinco delitos, entre ellos tentativa de feminicidio calificado y exposición al peligro a los demás pasajeros. La familia de Eyvi está pidiendo que el Poder Judicial le sentencie a 35 años de cárcel sin beneficios, especialmente si se tiene en cuenta que el peritaje psicológico arrojó que no tiene enfermedad mental y que la agresión fue en extremo planificada. Y ojalá así sea, aunque especialistas dicen que podrían ser 30 años en el mejor de los escenarios.
Una de las cosas que llama la atención, y favorablemente, en este caso es la celeridad con que los operadores de justicia han actuado. O sea, da la impresión que eso de la carga procesal parece ser cuento.
Mi teoría es que la amplia difusión que el caso ha tenido en los medios de comunicación ha permitido que todas las diligencias se cumplan una detrás de otra favoreciendo a la víctima. Incluso hasta el personal médico le está interviniendo quirúrgicamente y de forma oportuna, al punto que al cierre de esta columna la sigue manteniendo con vida; y espero que sobreviva para que se dé el gusto de mandar a su agresor a la cárcel.
Incluso la familia Ágreda está siendo patrocinada ahora por dos de los más prestigiados abogados penalistas de Lima, que -tengo fe- garantizarán la actualidad del caso, en el peor de los escenarios.
Y todo gracias a los medios de comunicación, que por fin dejaron de hablar de crímenes pasionales y ahora no tienen asco en decirle violencia de género a la violencia de género, aunque los anti-género se rasguen las vestiduras, comenzando por el prelado que lanzó la tesis de la mujer-escaparate, y habría que preguntarse por qué: ¿saben algo que temen nos enteremos y los ponga también en un problema legal? Bueno, pero ése no es el tema ahora.
Igual pasó con el hombre que mató a combazos a su conviviente en Huanchaco, La Libertad. A pesar que él se dio el lujo de decir que la mató y la Policía lo tenía capturado, de más arriba ordenaron su libertad. Llega la historia a los medios, toma relevancia nacional, y, oh sorpresa, desde arriba ordenan su recaptura, lo que ya se logró.
Medios de comunicación: 2; operadores de justicia: 0. Goles por penal, dicho sea de paso.
Igual con el violador de su hijastra en Piura, e igual con el acosador de la mototaxi en Sullana (y que provocó un deplorable comentario de uno de los usuarios de este diario por Twitter, lo que me suena sospechosito también).
Entonces, ¿qué puede concluir incluso un periodista? Que éso de que el Ministerio Público y el Poder Judicial y la Policía Nacional hacen su trabajo al margen de las corrientes de opinión pública es mentira purita. Si tu caso no sale en los medios, ellos no se mueven. El medio se olvida de tu caso, ellos se olvidarán también o lo sepultarán.
Igual con las negligencias médicas y las muertes maternas, igual con los casos de acoso escolar, igual con los reclamos de la comunidad en general.
Los medios de comunicación no somos operadores de justicia ni queremos serlo; contamos historias para que la gente tome mejores decisiones. Ése es nuestro rol. Pero, no es que le contemos la historia al vecino ni a un puñado de ellos, ni menos a centenares de ellos, sino a audiencias globales, y qué feo se ve que a nivel mundial sepan que la comisaría tal, que la fiscalía tal,que la sala tal, en vez de impartir justicia, luce indiferente. Qué horrible sería que si quieres postular a un post-grado, y la casa de estudios cuida estos detallitos, no te lo acepte porque, pues, no te dio tu reverenda gana trabajar.
Si para que el caso de Eyvi y el de todas las víctimas de violencia de género y los todavía no reconocidos legalmente crímenes de odio se necesitan periodistas quienes mantengan la historia en caliente, bueno, les daremos donde más les duele hasta que entiendan que la justicia se debe impartir por el simple hecho de ser justicia, y no porque dependa de una corriente de opinión pública. Así no funciona la democracia.
Aunque, claro, ¿tenemos los y las periodistas la preparación suficiente para saber abordar y contar estas historias, sin quererle usurpar el puesto al policía, al fiscal o al juez? Es hora de diseñar o revisar nuestros protocolos al respecto porque la comunidad nos está dando una responsabilidad bien seria, tan seria que si patinamos, cargaremos con muertas o lesionadas en nuestra conciencia.
Y a todo ésto, ¿qué sabemos del que le dio una patada en el abdomen a su madrastra...?
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