ERP. Luego que el gerente general de Petroperú, Carlos Barrientos Gonzales, diera a conocer que 27 trabajadores (Trece de ellos dirigentes sindicales), han sido despedidos por haber cobrado viáticos de manera ilegal; un grupo de dirigentes de la Coalición Nacional de Petroperú, se reunieron en el salón de actos de la comuna provincial, Javier Pérez de Cuellar, para tratar el tema y tomar algunos acuerdos en contra de la estatal.
Durante la reunión, los dirigentes sindicales liderados por Edwin Querevalú Román, se preguntaron si hay que confrontar por lo ocurrido contra el alto directorio de Petroperú o contra algún ente político de denominación pro privatización o de intereses empresariales privados, que de una manera u otra han aprovechado que por más de 15 años la coalición sindical ha estado dividida para de manera sistemática ejecutar el despido injusto, proponiendo la conformación de una nueva organización sindical para una lucha frontal por el maltrato a los trabajadores y sus dirigentes por parte del presidente y gerente de la estatal.
Refirieron que el administrador de la empresa para promover el despido ilegal, está tomando suyo temas de supuestos actos de corrupción, calificando de manera humillante y de manera pública a los despedidos, como corruptos, sin haberlo demostrarlo, anunciando que el ilícito ha sido consumado a través de la emisión de facturas falsas, las cuales no existen porque la Sunat filtra dichas acciones, por lo que uno de los acuerdos tomados es solicitar la salida y la interposición de una demanda penal al presidente de Petroperú, Carlos Enrique Paredes Lanatta y al gerente general, Carlos Barrientos Gonzales.
Propusieron interponer una acción de amparo a favor de los despedidos, la conformación de un “Frente de Defensa de Despedidos”, el pedido a la población talareña para el apoyo respectivo ante la eminente amenaza de una posible privatización de la empresa de todos los peruanos y la emisión de un comunicado a nivel nacional, deslindando y rechazando las declaraciones emitidas en contra de los despedidos.
“Somos una piedra en el zapato para el presidente liberal de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, siendo el punto de quiebre el reclamo que se le hiciera por el reconocimiento de las adendas a Técnicas Reunidas tipo Odrebech de 220 millones de dólares, 30 millones de dólares a Cobra por el mismo caso, siendo el costo real de 85 millones de dólares; el desacuerdo de la venta de las plantas desertizadas, la oposición de que la negociación colectiva sea cada dos años. Hay una amenaza de privatizar el Oleoducto Nor Peruano, la entrega el Lote 192, la continuidad de las concesiones de los Lotes por 40 años más. Ante esta serie de hechos es que se ha contratado una consultora para que se nos despida de manera ilegal sin presunción alguna, a lo cual nosotros vamos a iniciar una lucha por este atentado contra nuestros derechos laborales” expresó Querevalú Román.
