ERP. Durante el II conversatorio “Hablemos sobre temas electorales”, organizado por la Universidad de Piura (UDEP), el profesor Ronald Vílchez abordó la situación de la seguridad jurídica de los periodistas en el Perú y los riesgos legales a los que están expuestos en el ejercicio de su labor informativa.
El jurista, especialista en Derecho Penal, advirtió que en el contexto actual los comunicadores enfrentan no solo presiones políticas y económicas, sino también denuncias penales que pueden convertirse en mecanismos de hostigamiento. “En nuestro país pueden denunciar con cualquier cosa”, afirmó, al señalar que una denuncia, aun cuando no termine en condena, genera desgaste emocional, económico y profesional.
Vílchez explicó que el problema no radica en la posibilidad de ser denunciado —pues esta siempre existe— sino en conocer qué conductas podrían derivar en una condena penal. “La posibilidad de que nos denuncien existe siempre; lo importante es no ser condenados penalmente”, precisó.
Escenarios de riesgo
En su exposición, identificó situaciones de alto riesgo para el ejercicio periodístico, como emitir ofensas desde un espacio mediático, atribuir delitos sin sustento o difundir información no corroborada. Además, advirtió que el uso del término “presunto” no constituye una protección automática frente a responsabilidades legales.
“El ‘yo solo lo reproduzco’ no exime de responsabilidad penal”, señaló, al recordar que replicar información falsa también puede acarrear consecuencias jurídicas.
El docente explicó las diferencias entre injuria, calumnia e información agravada, subrayando que las penas pueden alcanzar hasta cinco años de prisión cuando se afecta el honor a través de medios de comunicación. No obstante, aclaró que existen supuestos en los que no hay sanción penal, como en críticas científicas, opiniones vertidas en procesos judiciales o valoraciones realizadas por funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
Libertad de información y prevención
Finalmente, destacó la importancia de distinguir entre libertad de información y libertad de expresión, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República. “El derecho de información exige veracidad y diligencia en la comprobación de los hechos”, enfatizó.
El doctor Vílchez cerró su intervención con un llamado a la prevención legal en el ejercicio periodístico, resaltando la necesidad de contar con asesoría jurídica y protocolos claros que protejan el trabajo de la prensa. “Todos estamos expuestos a ser denunciados, pero eso no significa que todo termine en una condena penal”, concluyó.
