ERP. Por un caso totalmente confuso, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República, inhabilitó de dos a tres años para el ejercicio de la función pública a cuatro ex funcionarios del Gobierno Regional de Piura, quienes de manera ilegal otorgaron autorizaciones a diversas pesqueras artesanales para la extracción de la anchoveta en las aguas territoriales de dicha jurisdicción, sin la autorización del Ministerio de la Producción.
La decisión fue rechazada por los afectados, quienes consideran que no se ha evaluado correctamente el caso y todos los procedimientos formales seguidos. Precisaron que estarán presentando una demanda en lo contencioso administrativo, donde esperan haya un mejor criterio al momento de evaluar. Tanto el economista Miguel Zapata Zapata como el Lic. Segundo Vera Córdova, precisaron que su actuación se ha dado en el marco de la Ley y normas internas del Gobierno Regional de Piura.
Como consecuencia de esta decisión, los señores Francisco Percy Dediós Orozco y Carlos Antonio Sante María Bertini Hurtado fueron sancionados con 3 años de inhabilitación y los señores Segundo Andrés Vera Córdova y Miguel Alberto Zapata Zapata con 2 años de inhabilitación, período en el cual no podrán prestar servicios para la función pública, sin perjuicio de las acciones penales que se han iniciado por denuncia de la Contraloría ante la Fiscalía Provincial de Piura.
Además, se determinó que la ex funcionaria de dicho Gobierno Regional, señora Teresa Elvira Cueva Tejada permitió con su inacción que se venciera el plazo para imponer una sanción a una persona probadamente responsable de la comisión de una infracción, con lo cual además, se dejó de cobrar una multa, por lo que fue sancionada con 2 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
Las inhabilitaciones impuestas implican el impedimento para que los ex funcionarios sancionados ejerzan cualquier tipo de función pública en tanto dure la sanción.
La Contraloría presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 2528/2013-CG en el que propone incluir a Presidentes, Vice Presidentes y Consejeros Regionales así como a Alcaldes y Regidores Municipales en la potestad sancionadora de la Contraloría General.
