ERP. El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo Zavaleta, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, así como contra tres altos funcionarios de dicha entidad y el representante legal de la empresa GALAGA S.A.C., por presuntas irregularidades durante las Elecciones Generales 2026.
Según la denuncia, a los implicados se les atribuyen presuntos delitos contra el derecho de sufragio, específicamente atentado contra este derecho, así como delitos contra la administración pública por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Estos hechos estarían vinculados a la contratación de GALAGA S.A.C. para la distribución del material electoral y a las fallas registradas en la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).
En el caso de Corvetto, el documento señala que, pese a la “crisis logística y tecnológica”, habría mantenido una conducta omisiva sistemática al no informar oportunamente al Pleno del JNE sobre la magnitud de la falta de material electoral, lo que habría generado desinformación en la ciudadanía durante gran parte de la jornada.
Asimismo, se indica que, ante el colapso del sistema de instalación de mesas, el titular de la ONPE habría intentado mitigar el impacto anunciando la gestión para exonerar multas a los ciudadanos que no pudieron votar, lo cual es interpretado como una aceptación implícita del incumplimiento de sus funciones.
La denuncia también alcanza a Edward Eloy Alarcón, quien habría omitido activar mecanismos de supervisión sobre la flota de la empresa contratista, lo que permitió —según el documento— vulneraciones en la seguridad del proceso electoral.
De igual modo, se incluye a José Edilberto Samamé Blas, a quien se le atribuye haber permitido el colapso del sistema tecnológico en locales de votación, donde fallas en el reconocimiento de códigos y en la verificación biométrica impidieron el inicio de la jornada electoral.
También figuran en la denuncia Ricardo Javier Saavedra Mávila y Juan Charles Alvarado Pfuyo.
El procurador Angulo señaló que el JNE considera que existen una serie de irregularidades que deben ser investigadas por el Ministerio Público a fin de determinar responsabilidades. “Una vez que se abra la investigación, se realizarán diversas diligencias que permitirán establecer si hay más personas involucradas en estos hechos”, precisó.
