ERP. El Gobierno Regional de Piura, el de las adjudicaciones al 110% y el del reconocimiento de adicionales en las obras que ejecuta; tiene serias dificultades para salir de la crisis generada por su propia administración y cuando esperaban convencer al Ministerio de Economía y Finanzas para la dación de recursos financieros que les permitan cubrir el déficit, la respuesta simplemente fue negativa.
La medida para cubrir la ineficiencia no puede ser más irresponsable y siguiendo la ruta del ex presidente César Trelles Lara, el Gobierno Regional de Piura, pretende usar los fondos de los institutos superiores tecnológicos para cubrir las necesidades de otras demandas, justamente, prohibidas por la norma que dispone que parte del canon se destine a los institutos. Javier Atkins, el fracasado presidente regional de Piura, cree que la administración siguiente deberá devolver estos recursos.
El Congresista Leonidas Huayama fue quien dio a conocer que el MEF niega los recursos y descreen de los argumentos que da el Gobierno Regional de Piura, para justificar su crisis. Además, precisa que respecto al Alto Piura, existen gastos irrogados de manera considerable. Se debe recordar que respecto al Alto Piura, en el 2012, en el mes de diciembre hubo una conciliación que le permitió a Camargo Correa obtener pagos sin mayor esfuerzo en demostrar la controversia. Este tipo de acciones han sido poco comentadas y no se ha profundizado la real responsabilidad de Javier Atkins y Margarita Rosales, principal operadora dle presidente regional.
Para el MEF, el proyecto del Alto Piura, no debe ser licitado. Todo hace indicar que la principal duda del MEF respecto a este Gobierno Regional fue la forma alevosa de haberse pretendido adjudicarse las obras del proyecto mencionado.
En tanto se habla de crisis, de demandas adicionales y de autorización para usar los recursos de los tecnológicos; no se dice nada del porqué se encuentran en esta situación y que la explicación es simple; que se revisen las adjudicaciones superiores al precio referencial; las ampliaciones a obras en toda Piura; y de los altos sueldos de gerentes como Margarita Rosales; del Secretario de Consejo Regional y de otros funcionarios de bajo nivel, y que justamente serían los responsables de la actual situación.
Asimismo, en la búsqueda de responsables deberá observarse el proyecto de seguridad ciudadana, donde un sujeto colombiano fue el encargado de ejecutarlo, irrogándose significativos montos para las actividades de convivencia social y que iba dirigido a ex reos. Este proyecto por su monto, fue aprobado en su momento con una prontitud poco entendible en una Entidad, caracterizada por la lentitud.
