ERP. Se aprobó la Ley de Reconstrucción presentada por el Poder Ejecutivo, norma que deja en un segundo plano a gobiernos regionales y locales, los reemplaza en la práctica con un Director Ejecutivo centralizado que decidirá por encima de ellos, lo que la Constitución establece para los gobiernos subnacionales y los que se han pronunciado en contra son pocos. Uno de ellos es el congresista piurano Hernando Cevallos Flores.
El congresista por Piura, médico Hernando Cevallos Flores, detalló que votó en contra del proyecto para la reconstrucción presentado por el Poder Ejecutivo porque está lejos de la reconstrucción que las regiones afectadas por las lluvias demandan: con planificación, con órganos de control fortalecidos y con una participación activa de las autoridades regionales, locales y de la sociedad civil organizada.
"El proceso de reconstrucción traerá consigo un desembolso significativo: entre 5 a 7 mil millones que serán invertidos en obras en diferentes zonas del país. Pensemos en esos recursos, miremos el conjunto del país y veamos los escandalosos de corrupción, desde los de alcance internacionales como Odebrecht, pasando por numerosas denuncias que involucran gobiernos regionales, hasta los gobiernos locales más pequeños", recordó el legislador.
Cevallos Flores hizo hincapié en que, en este contexto, el proyecto de ley debatido en el Pleno del Congreso en los dos últimos días – y aprobado por mayoría, con excepción de la Bancada del Frente Amplio- no coloca ningún candado a actos de corrupción. "Lo más lamentable e indignante es que en un principio el proyecto que nos presentaron ataba de manos a la Contraloría, como lo puso en evidencia el mismo Contralor General Edgar Alarcón", subrayó.
El parlamentario explicó que si bien, ante los cuestionamientos, se modificó el proyecto de ley a favor de la participación de la Contraloría, no se consideró la propuesta del Frente Amplio de asignar recursos adicionales para fortalecer la capacidad de intervención de este órgano. "La presencia de Contraloría es prácticamente inexistente en el nivel regional y local. Los funcionarios de los Órganos de Control Interno de gobiernos regionales y locales son pagados por estas mismas entidades, entonces qué nivel de independencia y de autonomía tienen para actuar", precisó.
¿Donde está la reconstrucción con cambios como ha denominado el gobierno de PPK al proyecto, donde está la voluntad de garantizar que este proceso, tan urgente y necesario, realmente se realice en forma transparente, para que cada sol invertido realmente responda a las necesidades y el bien de la población, tanto de los afectados, como de futuros eventos climatológicos", dijo el legislador piurano.
Descentralización y participación
Además de la Contraloría, Cevallos opinó que el proyecto debió incluir la participación activa de las poblaciones directamente afectadas, desde sus autoridades regionales y locales, hasta la sociedad civil organizada, y organismos técnicos como los colegios profesionales, pues el conocimiento directo de su realidad hace vital su inclusión, con voz y voto, en todo el proceso de reconstrucción, desde la priorización de proyectos con visión integral y preventiva, hasta la ejecución y fiscalización de cada obra.
"¿Quién va a definir los proyectos regionales y los montos de inversión para ejecutarlos?¿La región, la provincia? De ninguna manera con esta norma. Lo va a definir este director ejecutivo con funciones ministeriales, porque no es suficiente hablar de una coordinación con el nivel regional y local", cuestionó el congresista.
Hernando Cevallos expuso que también se debió precisar en la norma la reconstrucción de áreas prioritarias como educación y salud. En el caso de salud, dijo, ya la situación mucho antes de la emergencia por las lluvias ya era crítica, tal como lo informó desde el inicio de su periodo legislativo. Ahora con las inundaciones y desbordes, la situación ha empeorado, y hay cientos de establecimientos de salud no solo desabastecidos de personal, equipamiento e insumos, sino destruidos o inoperativos.
Lo cierto que la norma tiene un alto contenido centralista, desconoce la institucionalidad existente, se cree que los gobernadores y alcaldes son corruptos y que no tienen capacidades; sin embargo, la institucionalidad se encuentra en los gobiernos regionales y locales; la corrupción es de igual o superior nivel en el gobierno central, y lo que se pretende hacer, bien podrían ser asumidos con un mayor control por estas instancias.