Procedimiento especial brinda una respuesta inmediata y eficaz al juzgamiento de delitos no complejos
ERP. En respuesta al incremento de la delincuencia común, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) implementará los Juzgados de Flagrancia. En una primera etapa, estos órganos jurisdiccionales funcionarán, a manera de plan piloto, en la Corte Superior de Justicia de Tumbes, desde el 1 de agosto próximo.
El objetivo, informó el presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, es establecer un tratamiento eficaz y célere en la investigación y juzgamiento de delitos flagrantes, a fin de que estos sean resueltos en brevísimos plazos a través del proceso inmediato previsto en el Nuevo Código Procesal Penal, que se complementará con protocolos interinstitucionales.
Explicó que en la Corte de Tumbes y en la mayor parte del país, conducir en estado de ebriedad representa el delito más frecuente, con una tasa del 40 por ciento del total de procesos penales. Frente a esta situación, dijo que en un procedimiento común se resuelve entre ocho y 10 meses, mientras que si es tratado como delito flagrante será atendido entre cinco y 30 días.
Mencionó que, de esta manera, el Poder Judicial ofrece una respuesta inmediata y eficaz frente al incremento abrumador de la delincuencia común que atenta contra la seguridad ciudadana.
Para tal fin, anotó, el CEPJ emitió la Resolución Administrativa N° 231-2015-CE-PJ, del 15 de julio, que establece en el Distrito Judicial de Tumbes, a partir del 1 de agosto, el plan piloto “Implementación de Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia Delictiva”.
En este plan participarán, en adición a sus funciones, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, el Primer Juzgado Unipersonal y la Sala de Apelaciones, que conocerán delitos flagrantes como conducción de vehículo en estado de ebriedad, hurto, tráfico ilícito de drogas al menudeo, entre otros.
Con este propósito, el doctor Ticona Postigo dijo que tuvo reuniones preliminares con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, con el presidente de la Corte de Tumbes, el titular de la Junta de Fiscales Superiores de esta jurisdicción y con las autoridades policiales correspondientes, a través del ETI Penal.
