ERP. La Defensoría del Pueblo expresó al Ministerio de Educación (Minedu) su preocupación por el marcado descenso en las matrículas de nivel inicial registrado en el año 2020, como resultado de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Según datos registrados por la Unidad de Estadística Educativa (Escale) de dicha entidad, el año pasado se reportó una disminución de más 49 000 matrículas con respecto al 2019.
De acuerdo a cifras correspondientes al periodo comprendido entre 2015 y 2019, el volumen de la matrícula de nivel inicial se había incrementado anualmente de manera constante. Sin embargo, en 2020 se produjo un fenómeno inverso de reducción drástica de matrículas que afectó principalmente a regiones como Lima Metropolitana, Arequipa, Piura, Loreto, Cajamarca, La Libertad, San Martín, Callao, Ica y Áncash.
Para la Defensoría del Pueblo, esta situación constituye una afectación del derecho fundamental a la educación de miles de niñas y niños de 3 a 5 años de edad, a quienes el Estado peruano tiene la obligación de garantizar el acceso a una educación inicial de calidad. A ello se añade los resultados de la supervisión desarrollada por la Defensoría del Pueblo a finales del año pasado a 164 unidades de gestión educativa local (UGEL), que permitió evidenciar que más de 61 000 escolares de instituciones educativas públicas de nivel inicial no pudieron acceder a la modalidad a distancia mediante la estrategia Aprendo en casa.
En la región Piura, la diferencia de la población matriculada en el nivel inicial entre los años 2019 y 2020 es de 4558 estudiantes menos. Asimismo, 8 UGEL reportaron que 2023 niños y niñas de instituciones educativas públicas de nivel inicial no accedieron a la educación a distancia mediante la estrategia “Aprendo en casa”.
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo ha solicitado información al Minedu respecto a las razones que explican el descenso de la matrícula de nivel inicial en 2020, las acciones adoptadas para superar este problema y, sobre todo, la situación actual de los más de 49 000 niñas y niños que no se matricularon en el nivel inicial durante el último año.
A su vez, a través de las oficinas defensoriales en las regiones más afectadas, se está solicitando información a los gobiernos regionales sobre las acciones adoptadas, en cumplimiento de sus competencias legales, para garantizar el acceso a la educación inicial de las niñas y niños que no se matricularon en 2020, así como las coordinaciones realizadas con los ministerios de Educación, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social, para asegurar la atención educativa y la protección integral de los derechos de la niñez.
Así informó la adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, al informar que la institución hará seguimiento de este problema que afecta el derecho a la educación de miles de niñas y niños, cuyos resultados serán comunicados oportunamente. “La educación inicial es fundamental porque es la etapa cuando las y los niños construyen la base para desarrollar su trayectoria escolar de manera satisfactoria durante toda la educación básica, por lo que es fundamental conocer las acciones adoptadas por las entidades nacionales y regionales”, subrayó.
