ERP. La actitud de varios congresistas de Fuerza Popular de entrometerse en las labores de allanamiento de locales de su organización, será un motivo más para seguir confrontando entre las instituciones del Estado con la mayoría parlamentaria. Tras el acuerdo para defenestrar a miembros del Tribunal Constitucional y la casi vacancia de la Presidencia de la República, deja en una situación muy dfícil al Ministerio Público.
De acuerdo con El Comercio , el fiscal José Domingo Pérez indicó que, hasta nueve congresistas de la bancada naranja, obstruyeron esta diligencia. A raíz de esta acción de los legisladores, el fiscal que tiene a cargo la investigación de los presuntos aportes que realizó la constructora brasileña al partido de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de 2011, señaló que habrían cometido un delito.
De acuerdo a lo que se sabe, si un particular adoptara las poses que se observó a los parlamentarios fujimoristas, serían detenidos e incluso denunciados por obstruir la justicia; sin embargo, en el presente caso y conociéndose como actúa Fuerza Popular, todo hace indicar que no sucederá nada. De acuerdo al informe del fiscal Pérez los nueve congresistas fujimoristas incurrieron en la “violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de las funciones fiscales”.
Estos nueve parlamentarios son Luz Salgado, Héctor Becerril, Alejandra Aramayo, Miguel Ángel Torres, Elard Melgar, Víctor Albrecht, Rosa María Bartra, Úrsula Letona y Karina Beteta. Ellos en todo momento trataron de obstaculizar la labor que realizaba el Ministerio Público, aún conociendo que dicha acción es un delito.
El documento presentado al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, denuncia que aquellos legisladores "presentaron constantes actos de intimidación hacia los fiscales que intervinieron" con la intención de "doblegar la voluntad fiscal e impedir la ejecución de la resolución judicial de allanamiento, registro domiciliario e incautación".
El fiscal Domingo Pérez se apoyó en el artículo 366 del Código Penal el cual advierte que quienes "emplean la intimidación o la violencia contra un funcionario público, serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años o con prestación de servicio comunitario de ochenta o ciento cuarenta jornadas".
Sin duda, esta medida permitirá incrementar mucho más los niveles de crispación que existen en el país, y acentuará mucho más las decisiones en contra del Ministerio Público.
