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Dom, Nov

PJ y PNP coordinan acciones para implementar juzgados de flagrancia

Lima
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Lima. El Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutarán acciones y políticas conjuntas orientadas a la implementación de las Unidades de Juzgados de Flagrancia para el tratamiento célere y eficaz de delitos comunes, mediante procesos inmediatos previstos en el nuevo Código Procesal Penal.

Así lo acordaron el presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, y el director de la Policía Nacional, general PNP Vicente Romero Fernández, durante una reunión de coordinación realizada en Palacio de Justicia como parte de los lineamientos de acción de dicho poder del Estado para revertir la inseguridad ciudadana.

En tal sentido, ambas autoridades coincidieron en impulsar la elaboración de protocolos de actuación conjunta, que permitirán a los miembros de la Policía, Fiscalía, Poder Judicial y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tener una actuación eficiente frente a dicha clase de delitos que hoy constituyen la principal preocupación de la ciudadanía.

Los Juzgados de Flagrancia se están constituyendo en una alternativa importante en el tratamiento de delitos provenientes de la delincuencia común, de acuerdo con las primeras experiencias en Tumbes, en donde el Poder Judicial implementó este procedimiento el 1 de agosto último, a manera de plan piloto.

En este distrito judicial la duración de los procesos contra la delincuencia común (días o semanas) contrasta con casos similares que son vistos con la normatividad ordinaria, los que pueden tardar entre ocho y 12 meses.

En respaldo a la iniciativa del Poder judicial, el Ejecutivo promulgó el 30 de agosto el Decreto Legislativo N° 1194 que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia y establece que estos órganos jurisdiccionales empezarán a operar desde el próximo 1 de diciembre en todo el país.

Al respecto, durante su reciente presentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, el doctor Ticona Postigo demandó al Ejecutivo los recursos necesarios para la próxima puesta en marcha de las Unidades de Juzgados de Flagrancia.

 

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