ERP. La aparente tregua del sur peruano, culminará este 19 de julio cuando miles de sureños lleguen a Lima para exigir una vez más la renuncia de la presidenta sucesoria Dina Boluarte Zegarra y de Alberto Otárola, considerados ambos como responsables mediatos de los asesinatos cometidos por las fuerzas policiales y armadas tras el descontento popular después del 7 de diciembre.
Para el analista político Antropólogo Manuel Hidalgo León "Una protesta justa, urgente y necesaria. Los grupos de interés, que hoy dominan el poder político, están haciendo y deshaciendo la poca institucionalidad de nuestra nación. Es momento dar un mensaje en las calles y reafirmar la ilegitimidad del gobierno de la Sra. Dina Boluarte que es el peón de fuerzas económicas que dominan el país".
Como se tiene conocimiento, este gobierno con la finalidad de mantenerse en el cargo, decidió hacer un uso abusivo de la represión y la protesta culminó con más de 70 asesinatos. Las acciones de investigación, debido a una presunta intención de ocultar los hechos, aún se mantienen si sanción, en tanto que los familiares siguen exigiendo que se haga justicia.
Sin embargo, la moral de la población peruana y principalmente la del sur que rechaza a Dina Boluarte y el Congreso, en un porcentaje superior al 90% según todas las encuestas, esta moral se ha fortalecido y vienen preparando la que se denomina “Toma de Lima” que es una movilización para solicitar en la capital de la República, las renuncias de Boluarte y Otárola y sobre todo convocatoria a nuevas elecciones.
La región Puno, el Cusco y otros, han ratificado en sendas asambleas públicas, su posición de no transigir frente a la prepotencia del poder que, mediante el uso excesivo de la fuerza, han pretendido acallarlos. Más aún el Presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior y los jefes policiales, pretenden asociar esta protesta a grupos terroristas, cuando en realidad es solo una consigna para descalificar a quienes protestan.
Asimismo, con la finalidad de amedrantar a quienes protestarán hablan de una presunta camarada que actúa en el VRAEM en una contradicción, porque es justamente el sector menos controlado y donde se desenvuelve el narcotráfico. Los protestantes contra Dina Boluarte, son ciudadanos que no legitiman a Dina Boluarte y que, para sostenerse como presidenta a concedido poderes de facto al Congreso, que en la práctica es el que gobierna.
Pese a la actitud gobiernista para cerrar el paso a la protesta, la voluntad del pueblo del sur es firme, marcharán hacia Lima y en sus propias localidades, pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, la salida de Alberto Otárola y sobre todo reclamando que los procesos judiciales por los asesinatos asuman mayor dinamismo, considerando que existe demasiada lentitud para realizar las investigaciones.
Renuncia de Dina Boluarte y convocatoria a nuevas elecciones es la constante; sin embargo, existen pedidos para cambiar la Constitución de 1993, posición que es rechazada por el poder de facto, pero que es cambiada a antojo de acuerdo a sus intereses.De igual manera se vienen presentando amenazas sutiles por parte del gobierno entre ellos el cuestionado Alberto Otárola.
En nota de prensa el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró que también se ha escuchado el llamado de varios gremios, laborales como empresariales, a la paz y la tranquilidad. Por ello, enfatizó que se asegurará el derecho a trabajar y a circular libremente por el país.
En esa línea, Otárola Peñaranda destacó las capacidades de las Policía Nacional del Perú para proteger los derechos de los ciudadanos y añadió que se ha convocado la intervención de la Defensoría del Pueblo.Las declaraciones de los jefes policiales, es aún más alarmante y violentista, sobre todo al querer asociar esta protesta con la acción delincuencial de los presuntos terroristas.
Respecto a la situación crítica de la democracia peruana, no solo existe alerta del mismo Jurado Nacional de Elecciones, sino a nivel internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sistematizado los asesinatos por un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado peruano.
