ERP. No quiere dejar elementos sueltos y reacciona con oportunidad. El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, realizó en horas de la mañana una diligencia en el local de Telefónica, del distrito de La Victoria, luego de una denuncia periodística que reveló que dicha empresa le negó información sobre Keiko Fujimori.
En la víspera, Silvana Castagnola, analista de Telefónica en el área de respuestas gubernamentales, reveló que la empresa negó información sobre Fujimori al fiscal Pérez, argumentando que no guardaba datos que superaran los tres años de antigüedad, pero sin haber realizado la búsqueda. Según dijo, el pedido de Pérez fue realizado en abril del año pasado y ante la negativa el magistrado insistió, pero se le volvió a responder que no se cuenta con esa información.
"Yo misma respondo la carta, donde digo que hemos hecho una búsqueda especial por ser un caso sensible, pero en realidad no se buscó la información", indicó en el programa Punto Final de Latina.
Expresamos nuestro compromiso con las autoridades para continuar brindando la información necesaria para el esclarecimiento de cualquier investigación, actuando con irrestricto respeto de la ley y de manera absolutamente transparente. https://t.co/6T3Wogxvl0
— Movistar Perú (@MovistarPeru) 21 de enero de 2019
Castagnola indicó que tras haber presentado una denuncia contra sus superiores en la Comisaría de La Victoria y en la Fiscalía sufrió robo de su celular, el bloqueo de su computadora y un atropello vehicular cuando iba en bicicleta, por lo cual fue operada y se encuentra con descanso médico. A través de un comunicado, Telefónica sostuvo que ha cumplido siempre con entregar toda la información requerida por la justicia peruana en tanto se ajuste a lo establecido por el marco legal vigente.
La compañía rechazó las acusaciones formuladas en el sentido de que no cumpliría con atender estos requerimientos, afectando el desarrollo de las investigaciones en el Perú. Detalló que solo en el año 2018 cumplió con atender alrededor de 13,000 requerimientos de registros de llamadas de los órganos competentes a nivel nacional.