ERP. El excongresista de la República Sergio Tejada Galindo, quien investigó al expresidente Alan García Pérez, aclaró lo que denominó inexactitudes y falsedades vertidas por el ex mandatario. En carta presentada por el exmandatario se expresan conceptos que no se ajustan a la realidad y es lo que se precisa.
Sergio Tejada desmintió 'falsedades' de Alan Garcia Pérez
El pronunciamiento es el siguiente:
"Uno de los argumentos de García Pérez en su solicitud de asilo a la hermana República Oriental del Uruguay me atañe, pues se refiere con falsedades a la actuación de una comisión investigadora que tuve el honor de presidir entre 2011 y 2014. A fines de 2011, ya concluido el gobierno de García Pérez, se instaló una comisión multipartidaria en el Congreso de la República del Perú, encargada de investigar la gestión de gobierno de Alan García Pérez como Presidente de la República en el periodo 2006-2011, que fue conocida como la “Megacomisión”. García ha señalado tanto en su pedido de asilo y, sobre todo, en una reciente “Carta a la Opinión Pública”, que fue investigado por un parlamento de mayoría “adversaria y gobiernista” que resolvió que no había cometido delito.
Salta a la vista la incongruencia cuando García alega que fue perseguido en el parlamento y que esa misma comisión persecutoria lo absolvió. Ni una ni otra afirmación se ajusta a la verdad. En primer lugar, García afirma que dirigí una investigación “gobiernista” o, en otras palabras, digitada por el entonces presidente Ollanta Humala. Esto es falso. Dirigí una investigación junto a seis parlamentarios de cuatro partidos políticos diferentes. Pero, además, diferencias políticas e ideológicas me llevaron a renunciar al Partido Nacionalista Peruano a inicios de 2015. No formando parte de dicho partido político ni de ningún otro, puedo seguir afirmando que las investigaciones nunca fueron dirigidas por el gobierno. En segundo lugar, también es falsa la afirmación de que la “Megacomisión” no encontró nada que involucre a García en presuntos delitos. Por el contrario, en 4 de los 9 informes de caso, se establecieron presuntas responsabilidades del ex presidente en actos de corrupción (muy similares, por cierto, a los que hoy día investiga la fiscalía) y se formularon denuncias constitucionales, procediendo de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y al Reglamento del Congreso de la República del Perú.
García utiliza un fragmento de uno de los informes para asegurar que la “Megacomisión” lo declaró inocente. Y, haciendo gala de deshonestidad intelectual, enfatiza la textualidad de la siguiente afirmación “No se ha encontrado ningún indicio o prueba de enriquecimiento ilícito o patrimonial de Alan García”. Al respecto, debo señalar que dicha frase no forma parte de ninguno de los informes de la comisión que presidí. En el resumen de la evaluación de los ingresos, bienes y rentas de García Pérez, para el periodo 2006-2011, el Informe correspondiente establece que:
El análisis de la información contenida en las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas, presentada por el investigado, revela que la variación patrimonial y el gasto económico personal por el periodo 2006/2011 habrían sido cubiertos con sus ingresos netos.
Inmediatamente después, en el siguiente punto del resumen, dicho informe indica que:
…en el examen realizado se ha podido apreciar los siguientes aspectos relevantes respecto al investigado y personas vinculadas, que podrían mostrar indicios razonables en la determinación de enriquecimiento ilícito y otros ilícitos…
Es decir, se establece claramente que existían otros elementos que podían dar cuenta del presunto delito de desbalance patrimonial y/o enriquecimiento ilícito. Lo que se dice, en buena cuenta, es que era previsible que García Pérez no utilizara sus cuentas personales para recibir sobornos, pero podía haber utilizado mecanismos más complejos que involucrarían a presuntos testaferros y que había indicios de ello. Esta hipótesis se refuerza con la información que hoy se conoce sobre el caso “Lava Jato”.
Quiero hacer de su conocimiento, además, que García Pérez en todo momento buscó evadir las investigaciones del Parlamento. Con apenas unos meses de iniciada la investigación, el 18 de mayo de 2012, se retiró de una sesión en la que fue interrogado y dijo ante la prensa: “Estoy dispuesto a ser investigado y ser acusado de lo que sea (…) Yo no me defiendo con acciones de amparo o con llantos”[1]. Contradiciéndose, el 4 de mayo de 2013 presentó una Acción de Amparo en contra de la “Megacomisión”, alegando que se había vulnerado su derecho al debido proceso. El ex presidente solicitó con este recurso que se anulen todas sus declaraciones e incluso que yo sea retirado de la presidencia de la comisión. Si bien no fui retirado, sus declaraciones sí fueron anuladas y con ello todas las responsabilidades que se derivaran de éstas. Cabe mencionar que el proceso de la acción de amparo tuvo muchas irregularidades en el Poder Judicial y que una de las personas que tuvo el voto dirimente que finalmente anuló las investigaciones, era muy cercano al investigado, como advirtió en su momento la prensa independiente[2].
Considero que la carta de solicitud de asilo del investigado García Pérez a la hermana República Oriental del Uruguay está plagada de inexactitudes y ofensas. En nuestro país, con todas sus dificultades, se vive en una democracia, hay libertad de expresión y tenemos un sistema de justicia que, pesar de los intentos de copamiento —no del gobierno, sino del propio García Pérez—, ha demostrado imparcialidad en las investigaciones por el caso “Lava Jato”. En su carta, el Sr. García ofende al Presidente Constitucional de la República, Martín Vizcarra, al llamarlo “Presidente accesitario”, una figura que no existe en nuestra Constitución Política. En el Perú se vota por una lista, una “plancha presidencial”, en la que hay un candidato a la presidencia y dos vice-presidentes que lo reemplazan en las circunstancias previstas por la Constitución. De manera que llamar a Martín Vizcarra “presidente accesitario” no solo es una falta de respeto, sino que busca restarle legitimidad como Presidente Constitucional.
Por otro lado, no existe un “partido de gobierno” que dirija una persecución política contra sus opositores. Martín Vizcarra fue invitado a formar parte de la plancha presidencial que lideraba Pedro Pablo Kuczynski, con su partido Peruanos por el Kambio (PPK). El actual Presidente no lidera dicho partido y, es más, prácticamente no ha contado con su apoyo. Es inverosímil afirmar que el “partido de gobierno” controla el sistema de justicia, cuando el propio Kuczynski viene siendo investigando y tiene un impedimento de salida del país[3].
En el Perú no existe una persecución política. Los propios parlamentarios del APRA (que hoy afirman lo contrario sin ruborizarse), lo han dicho en reiteradas ocasiones justificando las medidas judiciales tomadas contra otros líderes políticos. Ejemplo de ello es el congresista Mauricio Mulder, uno de los principales voceros del APRA, que en mayo de 2016 acusaba a la pareja Humala-Heredia de estar preparando un “plan de fuga” mediante un pedido de asilo[4]. En mayo de 2017, exigía que el también procesado por el caso “Lava Jato”, Ollanta Humala, sea encarcelado luego de conocerse las declaraciones de Marcelo Odebrecht sobre presuntos aportes a su campaña electoral[5]. Otro connotado parlamentario aprista, Jorge Del Castillo, declaró a fines de 2016 que “Perú es una democracia. Aquí no hay persecución política, aquí no hay violación de derechos humanos, existe equilibrio de poderes”[6], en alusión al proceso que se les seguía a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Ambos estuvieron con prisión preventiva casi diez meses, una medida restrictiva que ha sido impuesta también a Keiko Fujimori y sus coprocesados por 36 meses. Sin embargo, cuando se trata de García Pérez —a quién solo se le ha impuesto un impedimento de salida del país— cambian radicalmente su discurso para alegar persecución política.
Alan García Pérez es una persona que nunca ha respondido a la justicia y siempre se ha valido de artimañas y argucias legales para evadirla. García ni siquiera es un competidor político. Durante las elecciones de 2016 obtuvo apenas el 5.84% de las preferencias electorales, quedando en el quinto lugar, y su partido no logró ganar ningún gobierno regional en las recientes elecciones regionales y locales. De acuerdo a encuestas confiables, la desaprobación de García alcanza al 90% y su aprobación apenas al 6%[7].
La voluntad de evadir la justicia es una constante en la vida de García Pérez, haciéndole un gran daño al Perú, pues ha debilitado el sistema de justicia y ha generado un halo de impunidad que viene provocando una indignación creciente entre la ciudadanía. Como una persona que tuvo el encargo del Congreso de la República de investigar la gestión de gobierno de García, estaba en el deber de transmitir mi experiencia y desmentir el uso tergiversado que se ha pretendido dar a la comisión que presidí. He tenido la oportunidad de conocer la República Oriental del Uruguay, por la cual siento una gran admiración por su historia, la solidez de sus instituciones y su tradición democrática. La enorme mayoría de los peruanos y peruanas esperamos que la decisión que tomen no afecte nuestro sistema democrático, nuestra imagen internacional, ni los enormes esfuerzos que se vienen emprendiendo para luchar contra la corrupción".
