ERP. Otro atropello, planificado anteriormente y materializado este jueves, adoptó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso quien aprobó por mayoría el informe que recomienda diversas sanciones a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC). La medida que ha sido considerada por constitucionalistas, implica un atropello a las instituciones autónomas.
La indicada Subcomisión, en ese sentido, aprobó recomendar la destitución del magistrado Eloy Espinosa y su inhabilitación por 10 años. También se recomienda la suspensión por 30 días de los magistrados Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda, por presunta infracción a la Constitución Política respecto a una sentencia emitida por el caso El Frontón.
De persistir actitud, mayoría del Congreso podría sancionar a miembros del TC
El informe acusa a los magistrados del mencionado tribunal por haber modificado el fondo de la sentencia del caso El Frontón, del 14 de junio del 2013. Antes de llegar al Pleno del Congreso, el informe final debe pasar por la Comisión Permanente, en la cual se puede ratificar o archivar la acusación constitucional.
Si la acusación procede, la Comisión Permanente nombrará una subcomisión acusadora que se encargará de sustentar el informe en el Pleno del Congreso. El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa, expresó su preocupación por el informe aprobado por la Subcomisión Constitucionales del Congreso que recomienda su destitución y dijo que ello crea un nefasto precedente en el país.
Se cree que esta medida, habría sido planificada por Fuerza Popular o fujimorismo, que busca destruir la institucionalidad del Tribunal Constitucional aún a costa de la propia Constitución, con la finalidad de lograr en el futuro un Habeas Corpus a favor del ex presidente Alberto Fujimori y sobre todo proteger las responsabilidades del ex presidente Alan García Pérez, quienes son aliados en el parlamento.
Miembro de TC Eloy Espinosa
“Lo que se plantea, y ojalá se corrija, es un funesto precedente para lo que es la defensa de los derechos de cualquiera de nosotros frente al abuso del poder, venga de donde venga”, declaró en Canal N. En tal sentido, dijo que existe preocupación por lo que significa la institucionalidad del país.
“Espero que en el espacio de la Comisión Permanente, esto se corrija, el mensaje es terrible, un juez o un fiscal dice algo que no le gusta a un sector puede ser es pasible de una acusación constitucional, destituido e inhabilitado para la vida pública”, sostuvo Espinosa.
