ERP. El proyecto es totalmente centralista y no ha sido consensuado con gobiernos regionales y menos locales; igualmente, Contraloría General de la República es llevada a un solo procedimiento desconociendo sus atributos constitucionales. Contra todo ello, el premier Fernando Zavala concurrió al Congreso para sustenta el proyecto para la Reconstrucción con Cambios es plenamente constitucional y legítimo.
Conforme hemos expresado en este medio, la concepción de este proyecto es totalmente centralista y tiene serias inconsistencias sobre todo por el lado de las competencias. Crea un marco jurídico especial, establece la forma de contratación y además, libera a los funcionarios que tendrán intervención de toda responsabilidad tanto de las acciones de control como de otras responsabilidades administrativas.
Según dijo Zavala, el proyecto tiene un carácter subsidiario, pues el gobierno central emprende medidas teniendo en cuenta las posibilidades de los gobiernos regionales y locales para atender la emergencia y con el objetivo de tomar decisiones que beneficien directamente a los damnificados. Con ello, indicó, el gobierno cumple lo señalado por la Constitución y por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a la descentralización y al principio de subsidiariedad.
“El proyecto de ley es plenamente constitucional y legítimo ya que regula las intervenciones, asigna competencias y establece un campo de acción de todos los niveles de gobierno y guarda un propósito congruente con la Constitución al atender una situación excepcional”, manifestó durante su exposición en el Congreso.
Recalcó que la subsidiaridad tiene validez constitucional si está vinculada al principio de proporcionalidad y de la necesidad según la cual la acción del Estado no debe durar más de lo necesario, hasta conseguir los objetivos. En ese marco, dijo que la iniciativa legislativa del Ejecutivo guarda propósito congruente con la Constitución, al atender una situación excepcional y al garantizar las prestaciones de servicios y la seguridad de la población.
“El proyecto de ley representa la solución más efectiva y menos gravosa porque establece acción de todos los niveles de gobierno de acuerdo a sus posibilidades y específicamente en el caso del gobierno nacional cuando se han rebasado las capacidades de los gobiernos subnacionales haciéndose imperativa la acción subsidiaria”, añadió.
Precisó también que el proyecto no afecta el funcionamiento de los gobiernos regionales y locales porque la intervención del gobierno nacional es esencial solo ahí donde se justifique, además de temporal, y únicamente para garantizar la seguridad y la prestación de los servicios públicos a favor de la población.
Según dijo, la decisión de qué nivel de Estado tendrá a su cargo las obras será tomada de acuerdo a la capacidad de ejecución, por ejemplo, de los gobiernos regionales y locales, y en base a su experiencia en el tipo de obras.
Luis Gallareta de Fuerza Popular
La reconstrucción de las zonas afectadas por los huaicos e inundaciones tiene que ser veloz, transparente y sin errores del pasado, dijo el vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, durante el debate del proyecto presentado por el Gobierno. La aprobación de este documento, pasa por la validación de este grupo político, el cual tiene amplia mayoría en el Congreso de la República y por lo tanto, si están de acuerdo será aprobado o sino rechazado.
Según afirmó, su bancada tiene disposición de colaborar con el país, y lo ha hecho anteriormente otorgando el voto de confianza y facultades legislativas al Ejecutivo; sin embargo, ello no debe obviar las discrepancias o cuestionamientos a la referida iniciativa legal. Tras sostener que la responsabilidad de la reconstrucción le corresponde al Ejecutivo, afirmó que el proyecto sería una norma supranacional que estaría por encima de leyes orgánicas o relacionadas a poderes autónomos.
Además dijo, no se mencionan plazos perentorios de ejecución de obras y, en su opinión, se buscaría pasar por encima los trámites. “Cuando se habla de celeridad, el fin no justifica los medios”, añadió el parlamentario. Galarreta indicó que espera que en el debate se puedan corregir estos aspectos que, a su juicio, han generado inquietudes.
El proyecto de Reconstrucción con Cambios busca atender con celeridad a la población, ayudarla a reintegrarse a sus actividades sociales y productivas, facilitar la contratación de bienes y servicios, y proceder con la reubicación de la población instalada en zonas de riesgo alto y muy alto. Fue presentado la semana pasada en el Parlamento y se le exoneró de su discusión en comisión, debido a la urgencia de la atención de los daños.
Marco Arena del Frente Amplio
El vocero de la bancada Frente Amplio, Marco Arana, dijo que la Reconstrucción con Cambios (RCC) debe incorporar modificaciones para ser aprobado en el Congreso, dada la acción rápida que demanda la rehabilitación de las zonas afectas por las emergencias. Tras la sustentación del proyecto de ley por parte del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, refirió que la iniciativa no fue consultada con los partidos políticos, ni con instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.
“Por eso tenemos observaciones que nos llevan a decir que, dada la acción rápida, esto se apruebe con un texto sustitutorio, o de lo contrario debe ser reenviado a comisiones para un trabajo que logre darnos una iniciativa que realmente resuelva los problemas del país”, sostuvo. Arana aseguró que la reconstrucción debe responder al “desastre” de un modelo político que en los últimos 20 años redujo al mínimo la presencia del Estado, favoreció la corrupción y no puso controles ni planificación territorial.
Esos hechos, en su opinión, permitieron a los gobiernos regionales y locales autorizar construcciones en zonas de riesgo, poniendo en peligro la vida de las personas a cambio de votos. Refirió que la iniciativa del Ejecutivo debe incorporar el ordenamiento territorial y respetar las competencias de Ceplan, el Ministerio del Ambiente y la Contraloría. Estos detalles no se encuentran contemplados en el proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo.
“Se dice que habrá recursos, para comenzar más de mil millones de soles, pero relajan los controles que debe haber, no garantizan que las obras se hagan bien y que no sirvan para que los ladrones de siempre tomen provecho”, apuntó Arana.
Observó también que la propuesta del Ejecutivo afecta el derecho de las comunidades campesinas y nativas, cuyas tierras podrán ser prestadas o expropiadas en favor de los damnificados. Propuso, asimismo, que, en el marco de la reconstrucción, el gobierno fortalezca entidades como el Sistema Nacional de Riesgos, y apoye a una autoridad central para que pueda decidir con prontitud.
Como se ha informado, este organismos estará integrado netamente por ministros y no existe una mínima representación de gobernadores y menos de alcaldes; en su redacción existe un criterio netamente centralista y no considera la participación decisoria de estas autoridades, excepto en la definición de prioridades, aunque relativamente se indica que se debe aplicar el principio de subsidiariedad.
